En Concordia se encendió una discusión que va más allá del comercio: grandes superficies, empleo y el rol del municipio. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la derogación de la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial N.º 9393, y ahora el debate se instaló en la calle.
El partido Compromiso por Concordia salió a cuestionar la decisión del gobierno de Francisco Azcué. Para el espacio, el problema no es la llegada de nuevas inversiones, sino que se eliminen controles sin dejar claro qué política comercial ocupará su lugar.
«Queremos una ciudad que abra sus puertas a las nuevas inversiones, pero que no les cierre las puertas a quienes llevan años trabajando, invirtiendo y generando empleo», sostuvieron Álvaro Sierra, Silvia Dri y Pablo Lapiduz en un comunicado.
La advertencia es directa: no se trata de frenar el crecimiento, sino de no dejar a pequeños y medianos comercios expuestos a un cambio brusco. El espacio reconoce que los grandes emprendimientos pueden traer competencia, mejores precios y nuevos puestos de trabajo, pero también pueden afectar a negocios que llevan décadas operando.
«No queremos un Estado ausente, pero tampoco uno que se convierta en un obstáculo para quienes quieren producir, invertir y trabajar», plantearon. La frase resume el punto de tensión: cómo ordenar la actividad económica sin ahogar la producción ni dejar el empleo local a la deriva.
Uno de los reclamos centrales apunta a la falta de consulta. El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) señaló que no fue convocado antes de que se resolviera derogar la adhesión a la ley provincial. Para Compromiso por Concordia, esa ausencia pesa: sin escuchar a los sectores comerciales, resulta difícil construir una norma que beneficie a todos.
El espacio también disparó una pregunta que no deja en paz al Ejecutivo municipal: ¿esta decisión permitirá generar más empleo del que eventualmente podría perderse? No alcanza con anunciar treinta nuevos puestos de trabajo si no sabés cuál será el impacto sobre los empleos existentes, sostuvieron.
Por eso, le pidieron al municipio que aclare si se realizaron estudios sobre las consecuencias económicas y laborales de la derogación, si se evaluó el impacto sobre el comercio local y qué herramientas se prevén para fortalecerlo. También reclamaron que, en caso de existir, esos estudios sean publicados. El municipio no dio su versión.
El contexto no es menor: muchos comercios intentan sostener estructuras y salarios en un mercado con menor capacidad de consumo. En ese escenario, una decisión que modifica el marco de radicaciones no puede tomarse como un trámite técnico. Toca el bolsillo de empleadores, trabajadores y clientes.
La discusión queda sobre la mesa: Concordia puede abrirse a nuevas inversiones, pero necesita un marco que no abandone a quienes ya están en el juego. Sin una ordenanza nueva, sin datos públicos y sin un diálogo serio con el comercio local, el debate recién empieza.
