El Niño ya no es solo un fenómeno meteorológico: es una presión real sobre el campo entrerriano, y la Provincia avanzó con un pedido de emergencia agropecuaria por un año. La medida busca dar respuesta a un escenario de riesgo que puede complicar aún más la producción ganadera.
En el marco de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios, se acordó elevar al Poder Ejecutivo la declaración de emergencia por el término de un año, a partir del 1 de agosto. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y tuvo como eje analizar el impacto de la creciente de los ríos sobre la producción ganadera.
La solicitud comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy. El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, confirmó que las entidades del campo llevaron ese planteo a la mesa y analizó la situación de los productores ante el riesgo de inundaciones.
Según relevamientos realizados junto con Senasa, la cantidad de cabezas de ganado en las islas es importante y el movimiento de animales comenzaba a intensificarse. En ese contexto, vender hacienda sin terminar implica pérdidas en el precio por kilo y obliga a afrontar cargas tributarias por una operación que no representa una ganancia real, sino la liquidación temporal de su capital.
El encuentro contó con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y del coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa. Participaron además María Noelia Taborda, por la Honorable Cámara de Diputados; Paula Kozac, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas; Gonzalo Atencio, por el Ministerio de Planificación, Infraestructura y Servicios; Maximiliano Muller, por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Ronald Garnier, por la Federación Entrerriana de Cooperativas; Mariela Galinger y Alfredo Bel, por la Federación Agraria Argentina; Mariano Berisso y Juan Diego Etchevhere, por la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Toledo, coordinador de Apicultura.
En otro orden, Martiarena planteó la problemática del abigeato y la inseguridad rural, donde los robos reiterados obligan a los productores a modificar sus rutinas y vigilar permanentemente sus animales. En la zona de Bovril, los productores se ven obligados a extremar las medidas de seguridad, hasta incluso encerrar a sus animales al caer la tarde en corrales cercanos a sus viviendas. Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes del sector agropecuario, Martiarena destacó el compromiso de reforzar los recursos para combatir estos delitos mediante drones, visores térmicos y mayor presencia policial.
Sin embargo, el federado consideró que el principal problema continúa siendo la falta de consecuencias judiciales efectivas. Por eso, propuso avanzar hacia fiscalías especializadas en delitos rurales y fortalecer la coordinación entre policías, fiscales y productores. Su meta, según planteó, es «tratar de que la vida de esta gente cambie, y cambie para bien, y que puedan llegar a tener la tranquilidad necesaria».
Al relatar lo escuchado en la reunión con productores en Bovril, Martiarena contó el testimonio de un productor que corrió a dos malhechores a tiros y a latigazos. ¿Vos creés que la creciente va a esperar por los papeles? El campo necesita previsibilidad, protección y justicia para que el riesgo no se limite al animal, sino que se instale en la vida de quienes dependen de la tierra.
