Los números son duros y no admiten eufemismos: el salario mínimo, vital y móvil perdió más del 40% de su poder adquisitivo desde 2023, y hoy representa una cifra que no alcanza para cubrir ni la mitad de lo que una familia necesita para comer.
En junio de 2026, el ingreso de referencia quedó fijado en $367.800 mensuales, lo que equivale a $1.839 por hora. La pregunta que se impone sola: ¿qué se compra con eso en un país donde la inflación acumulada de los últimos años pulverizó el bolsillo de los que menos tienen?
La respuesta es tan concreta como incómoda. Ese monto cubrió apenas algo más de la mitad de la canasta alimentaria de una familia tipo. No la canasta básica total, que incluye servicios, transporte y otros gastos esenciales: solo la parte de los alimentos. Para no caer bajo la línea de pobreza, una familia necesitó superar el equivalente a cuatro remuneraciones mínimas completas.
El dato no es un detalle técnico para economistas: es la radiografía de una fractura social que se profundizó en los últimos tres años. Trabajar a tiempo completo con el salario mínimo no alcanza para no ser pobre. Eso, en cualquier análisis serio, es una emergencia.
El deterioro del poder adquisitivo de los ingresos más bajos es uno de los efectos más visibles del proceso inflacionario que atravesó la Argentina desde 2023, y que los sucesivos ajustes del mínimo no lograron compensar. La brecha entre lo que se actualiza por decreto y lo que aumentan los precios en las góndolas siguió ensanchándose, dejando a los trabajadores informales y a quienes cobran el piso salarial en una situación de vulnerabilidad estructural.
Mientras el debate político nacional gira en torno a la estabilización macroeconómica y los indicadores de inflación mensual, millones de argentinos siguen midiendo el fracaso o el éxito de la economía en el mismo lugar de siempre: la caja del supermercado.
