El Gobierno nacional tiene en carpeta una reforma a la Ley de Inocencia Fiscal y los cambios que se vienen son concretos: flexibilizar los topes que hoy limitan quiénes pueden sumarse al régimen y, de esa manera, ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder a sus beneficios.
Según el tributarista César Litvin, los ejes centrales de la modificación giran en torno a cuatro cambios que apuntan directamente a los límites patrimoniales y de ingresos que fija la norma vigente. La idea de fondo es que el régimen, tal como está diseñado, dejó afuera a demasiados contribuyentes que podrían haber adherido si los parámetros fueran más amplios.
La Ley de Inocencia Fiscal fue pensada como una herramienta para simplificar la relación entre el fisco y los contribuyentes, reduciendo la carga de presunciones en contra del ciudadano frente a la AFIP. Sin embargo, los topes establecidos se convirtieron en un cuello de botella que frenó la masividad que el esquema prometía en su lanzamiento.
La reforma busca corregir eso. Al flexibilizar los umbrales de ingresos y patrimonio, el Gobierno apunta a que más personas físicas y empresas puedan quedar dentro del paraguas de protección que ofrece el régimen, lo que en la práctica significa menos exposición a determinadas acciones de fiscalización y una posición más sólida frente a eventuales reclamos del organismo recaudador.
El debate sobre los alcances reales de estos cambios recién empieza. Lo que queda claro es que el Ejecutivo nacional entiende que el régimen actual necesita una puesta a punto para cumplir con lo que prometió cuando fue creado: ser una herramienta genuinamente accesible para el contribuyente de buena fe.
