Un año después de la declaración de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el balance que hace quien trabaja en el sector es demoledor: la situación no mejoró, empeoró. Y lo dice con nombre y apellido.
Amarú Méndez, presidenta de NeuroCEA Entre Ríos, fue directa: la crisis en discapacidad “está peor que hace un año”. No es una percepción ni una queja aislada. Es el diagnóstico de una organización que trabaja todos los días con familias que intentan sostener terapias, tratamientos y rutinas para personas con discapacidad en la provincia.
Según Méndez, el cuadro que describe el sector incluye cierres de centros de atención, falta de pago a prestadores y familias que directamente ya no pueden afrontar el costo de las terapias. Tres síntomas que, juntos, dibujan un sistema que cruje por todos lados.
La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿para qué sirvió entonces la declaración de emergencia? Una ley que debería haber funcionado como red de contención terminó, al menos hasta ahora, sin traducirse en mejoras concretas para quienes más la necesitan. Si los centros siguen cerrando y los prestadores siguen sin cobrar, algo en la cadena de implementación está roto, o nunca se reparó.
El problema no es nuevo ni exclusivo de Entre Ríos, pero eso no lo hace menos urgente. Las familias que dependen de estos servicios no pueden esperar a que los engranajes burocráticos se acomoden. Cada semana sin terapia es una semana de retroceso para muchos chicos y adultos con discapacidad que necesitan continuidad y constancia para avanzar.
La denuncia de NeuroCEA llega en un momento en que el debate sobre el financiamiento del sistema de discapacidad sigue abierto a nivel nacional, con tensiones entre el gobierno central y las provincias sobre quién debe hacerse cargo de qué. Mientras tanto, en Entre Ríos, las familias siguen esperando respuestas concretas que, a un año de la emergencia declarada, todavía no llegaron.
