Trabajar para una app de reparto ya no significa solo pedalear o manejar: para miles de repartidores en Argentina, también significa estar endeudado con la misma empresa que les da de comer. Y el número crece a un ritmo que empieza a encender alarmas.
Un informe reciente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizó el financiamiento dentro de la llamada economía gig, ese universo de trabajadores de aplicaciones de reparto y transporte que quedaron al margen del sistema bancario tradicional. Los datos son contundentes: la deuda promedio de los repartidores se ubica entre $900.000 y $1.000.000, mientras que los comercios asociados a las plataformas acumulan compromisos de hasta $6 millones.
Lo que más llama la atención es la velocidad del fenómeno. En 2025, la cantidad de trabajadores que tomó créditos de las propias plataformas creció un 122% respecto del año anterior, después de otro salto del 177% entre 2023 y 2024. No es una tendencia marginal: es una transformación silenciosa del mercado laboral informal.
El mecanismo funciona así: a diferencia de los bancos, las plataformas no piden recibo de sueldo ni historial crediticio. Evalúan la antigüedad del repartidor, la cantidad de pedidos aceptados, la calificación de los clientes y el desempeño en horarios pico. Con esos datos, deciden quién accede al préstamo y por cuánto. Las cuotas se descuentan automáticamente de cada viaje o pedido, lo que explica que la mora sea del 11,7%, por debajo del promedio del sistema financiero. El cobro es casi infalible: si trabajás, pagás.
Pero hay un dato que el informe del BCRA no incluye: cuánto cuestan realmente esos créditos. Desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), su secretaria general, Belén D’Ambrosio, denuncia que el costo financiero total puede llegar al 700% anual. Una cifra que no es un error tipográfico.
«Tenemos compañeros que trabajan entre diez y doce horas diarias solamente para cubrir los gastos fijos y devolver los créditos», afirmó D’Ambrosio, quien reclamó una regulación específica para este tipo de financiamiento. Los repartidores cobran entre $1.500 y $3.000 por pedido, independientemente del valor de la compra, ingresos que muchas veces no alcanzan para el mantenimiento del vehículo, el costo de vida y las cuotas del préstamo.
Las plataformas, por su parte, presentan estos créditos como una herramienta de inclusión financiera para personas excluidas del sistema bancario. Pedidos Ya, por ejemplo, informó que desde 2024 ofrece préstamos a repartidores y que ya otorgó más de 57.000 créditos junto con los destinados a comercios. El argumento tiene cierta lógica: si el banco te cierra la puerta, alguien va a abrírtela. La pregunta es a qué precio.
El BCRA destaca que los trabajadores independientes representan más de la mitad de quienes reciben estos préstamos y concentran cerca del 62% del saldo total financiado. Son, en definitiva, el núcleo del negocio: excluidos del crédito formal, atrapados en un circuito donde el empleador es también el banco, el cobrador y el evaluador de riesgo. La regulación de este esquema es una deuda pendiente del Estado con un sector que ya no puede ignorarse.
