El número es difícil de ignorar: $220.000 millones en certificados de obra completada y no cobrada. Eso es lo que el ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, reconoció adeudar a las empresas constructoras contratistas del Estado nacional. La cifra incluye deudas que vienen de arrastre del gobierno de Alberto Fernández y que la gestión de Javier Milei heredó sin saldar.
Las constructoras vienen reclamando hace meses el pago de trabajos ya ejecutados y certificados. No se trata de obras en disputa ni de contratos cuestionados: son trabajos terminados, medidos y aprobados por el propio Estado, que simplemente no fueron abonados. La deuda acumulada es el resultado directo del freno abrupto a la obra pública que el gobierno nacional aplicó desde diciembre de 2023 como parte de su política de ajuste fiscal.
El problema es que pagar esa deuda en efectivo comprometería el superávit fiscal, la joya de la corona que la administración Milei exhibe como principal logro económico. Para no resignar ese número, Caputo diseñó una salida financiera: emitir tres bonos con los que se cancelaría la deuda con las empresas. De esa manera, el Tesoro no desembolsa pesos de manera inmediata y el superávit no se ve afectado en las cuentas del ejercicio corriente.
La propuesta pone a las constructoras ante una disyuntiva incómoda. Aceptar bonos implica asumir el riesgo de mercado, esperar el vencimiento o vender los títulos con descuento. Rechazarlos, en cambio, significa seguir esperando un pago en efectivo que el gobierno no parece dispuesto a hacer en el corto plazo. El sector de la construcción ya acumula meses de contracción, con despidos y caída de actividad, y esta deuda impaga agrava la situación de empresas que financiaron trabajos con capital propio.
El reconocimiento formal de la deuda es, en sí mismo, un dato político relevante: el gobierno admite que el ajuste tuvo un costo concreto para el sector privado que ejecutó obra pública. La discusión ahora es si los bonos ofrecidos representan una solución real o apenas una forma de patear el problema hacia adelante con otro instrumento financiero.
