¿Hasta dónde puede llegar la tensión entre el gobierno nacional y los docentes universitarios? La respuesta llegó con una decisión que marca un punto de inflexión: una semana completa de paro en todo el país, adoptada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del pasado 5 de junio.
La medida no es aislada. Los gremios definieron continuar con el plan de lucha mediante acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario, incluyendo clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintas ciudades del país el martes 9 de junio. También habrá movilizaciones y acciones de visibilización en Rosario y frente al Palacio Pizzurno los días 11 y 16 de junio.
Durante el encuentro, los dirigentes sindicales analizaron versiones sobre una posible propuesta del Gobierno nacional canalizada a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Sin embargo, ratificaron que la salida al conflicto debe producirse mediante una convocatoria formal que garantice el inicio del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El panorama se complica aún más. Conadu presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno argentino por la falta de convocatoria a la negociación paritaria y por las acciones antisindicales orientadas a restringir el derecho constitucional a la huelga.
La secretaria general de la federación, Clara Chevalier, no se anduvo con vueltas al advertir sobre la gravedad de la situación: “Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir”. Sus palabras reflejan una convicción que va más allá del reclamo salarial.
Para Chevalier, existe la convicción de que la defensa de la universidad pública puede canalizar el malestar social generado por las políticas de ajuste. “Tenemos la convicción de que el pueblo argentino va a triunfar en esta lucha, y que la universidad es capaz de anudar todos los malestares que estamos viviendo”, expresó la dirigente.
El plenario resolvió permanecer en estado de alerta y sesión permanente, mientras mantiene las acciones judiciales en curso. Cualquier oferta formal del Gobierno será sometida a consulta del conjunto de la docencia universitaria, una decisión que marca la desconfianza hacia las promesas sin respaldo concreto.
