El número habla solo: una licitación presupuestada en $42.000 millones de pesos terminó adjudicada en $101.000 millones. Casi el doble y medio. Y, según denuncias que circulan con fuerza, sin que esa información apareciera publicada en el Boletín Oficial ni en los portales del Gobierno provincial.
El ex diputado nacional Marcelo Casaretto encendió la polémica al cuestionar públicamente la contratación de Teknofood S.A. para abastecer los comedores escolares de Entre Ríos por un plazo de un año y medio. Según sostuvo el dirigente, la adjudicación se realizó sin la transparencia mínima que debería exigir una operación de esa magnitud.
La empresa adjudicataria integra el Grupo Phrónesis, un conglomerado agroindustrial de capitales argentinos fundado por el empresario José Chediack. El grupo también controla firmas como SolFrut, NutriCorrientes y NutriSantiago, y tiene presencia en la provisión de servicios de alimentación escolar e institucional en varias provincias del país.
El punto que más incomoda a Casaretto no es solo la diferencia entre el presupuesto oficial y el monto final adjudicado. Es lo que ese dinero deja de hacer en la provincia. Según su lectura, más de $100.000 millones de pesos que antes se distribuían entre comerciantes y proveedores entrerrianos ahora quedarán concentrados en una única firma radicada fuera del territorio provincial. Un golpe directo a la economía regional, en su visión.
La polémica sumó otro frente cuando el dirigente difundió un comunicado firmado por entidades de nutricionistas entrerrianos que piden la suspensión del Decreto N° 852/2026. Los profesionales sostienen que el nuevo sistema fue diseñado sin consultar al Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos ni a los equipos de salud. Además, advierten que el esquema favorece el consumo de alimentos ultraprocesados y perjudica tanto la calidad nutricional de los chicos como a los proveedores locales de cercanía.
Hasta el momento, el Gobierno provincial no emitió una respuesta pública a las denuncias ni aclaró por qué la adjudicación más que duplicó el presupuesto oficial. La falta de publicación en los canales oficiales es, precisamente, el eje del reclamo de transparencia que sostienen quienes cuestionan el proceso.
