La Justicia argentina apretó el acelerador en la causa contra la planta de celulosa de UPM en Paysandú. El juez Hernán Viri ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que aporte todos los estudios sobre la calidad del corredor fluvial. Un pedido que llega en el momento justo, cuando la demanda impulsada por dirigentes entrerrianos toma fuerza.
¿Casualidad? Para nada. La medida judicial busca datos concretos sobre el impacto ambiental de la mega planta que Uruguay instaló sin consultar demasiado a los vecinos de este lado del río. Los estudios de la CARU serán clave para determinar si hay contaminación real o si todo queda en promesas de cuidado ambiental.
Desde Entre Ríos vienen advirtiendo sobre los riesgos de esta segunda planta de celulosa en territorio uruguayo. Los dirigentes que impulsan la causa no se cansan de repetir que el Río Uruguay es patrimonio de ambos países, no el patio trasero de una empresa multinacional. Y ahora la Justicia parece escuchar.
La CARU, ese organismo binacional que debería velar por la salud del río, tendrá que mostrar sus cartas. Todos los informes, todos los análisis, toda la documentación que tenga sobre la calidad del agua desde que HIF Global empezó a operar. Porque una cosa son los papeles y otra muy distinta la realidad del río.
El pedido del juez Viri no es menor. Significa que la causa avanza en serio y que los argumentos entrerrianos están encontrando eco en los tribunales. La pregunta ahora es qué van a mostrar esos informes y si confirmarán las sospechas de quienes denuncian daño ambiental.
Mientras tanto, la planta sigue funcionando y el río sigue corriendo. Pero ahora con la lupa de la Justicia argentina encima, esperando respuestas que podrían cambiar el panorama de este conflicto que ya lleva años de tensión entre ambas orillas.
