¿Cuándo una empresa privada se convierte en problema de Estado? Cuando 900 trabajadores de Concepción del Uruguay ven peligrar sus puestos por una crisis que ya lleva meses sin solución. El gobernador Rogelio Frigerio decidió meter las manos en el conflicto de Granja Tres Arroyos y convocó de oficio a una audiencia conciliatoria para destrabar la pelea entre empresa y sindicatos.
La situación es explosiva: incumplimientos salariales, medidas de fuerza y una planta al borde de la paralización total. En el Salón de los Gobernadores, con la vicegobernadora Alicia Aluani presente, el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso confirmó la intervención provincial. “El objetivo es volver a acercar a las partes para acordar un cronograma de pagos seguro“, explicó el funcionario.
No es la primera vez que la Provincia mete fichas en este quilombo. Durante 2025 ya hubo varias instancias de negociación para evitar que la planta cerrara definitivamente. Ahora, con una mesa interministerial que incluye a ATER y Enersa, buscan alternativas para salvar la fuente laboral más importante de la ciudad.
Mientras las negociaciones siguen su curso, el gobierno provincial no se quedó de brazos cruzados: dispuso asistencia alimentaria para las familias afectadas a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Una medida que evidencia la gravedad del conflicto y su impacto social directo en Concepción del Uruguay.
“Si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados”, sentenció Troncoso. La frase resume la encrucijada: cuando una empresa privada concentra tanto empleo, su crisis trasciende lo empresarial y se vuelve responsabilidad política. La expectativa oficial es que las partes lleguen a un acuerdo que garantice tanto la continuidad operativa como el pago de los salarios adeudados, antes de que la situación se vuelva irreversible.
