El Gobierno nacional decidió apelar la medida cautelar que lo puso contra las cuerdas. El juez federal Hugo Vaca Narvaja, de Córdoba, había dado un ultimátum de apenas 72 horas para que el Estado cancele las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad.
La decisión judicial apuntaba directo a PAMI e Incluir Salud, dos organismos que arrastran compromisos económicos con quienes brindan atención a personas con discapacidad. El plazo que había fijado Vaca Narvaja era tajante: tres días para regularizar la situación o enfrentar las consecuencias legales.
Desde la Casa Rosada consideraron que la medida era excesiva y decidieron recurrir la resolución ante instancias superiores. La apelación busca suspender el cumplimiento inmediato de la orden judicial y ganar tiempo para analizar alternativas de pago.
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad venían reclamando hace meses el cobro de sus acreencias. Muchos de estos proveedores aseguran que la demora en los pagos pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la atención especializada que requieren miles de beneficiarios.
El fallo del magistrate cordobés había generado expectativas entre las familias que dependen de estos servicios. La decisión del Gobierno de apelar vuelve a instalar la incertidumbre sobre cuándo se resolverá definitivamente esta situación que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá pronunciarse sobre si confirma o revoca la medida cautelar. Mientras tanto, los prestadores siguen esperando y las personas con discapacidad quedan en el medio de una disputa judicial que se extiende sin fecha de resolución clara.
