La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Concordia tiene nueva titular. El intendente Francisco Azcué designó este miércoles a la contadora Patricia Rodríguez para cubrir el cargo que quedó vacante tras la renuncia de Luciano Dell’Olio, oficializada el 24 de junio. No es un nombramiento cualquiera: es una señal política clara sobre quién manda en el tablero interno del Ejecutivo concordiense.
Rodríguez es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con trayectoria en la administración pública. Fue gerente de la delegación Concordia de ANSES y presidió la Delegación Concordia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Según fuentes municipales, fue quien acompañó al secretario de Hacienda Pablo Ferreyra en sus primeras recorridas por las dependencias municipales al inicio de la gestión, presentándose ante las distintas áreas.
La designación confirma el creciente peso del sector de Ferreyra dentro de la estructura política de la gestión Azcué. Y no llega en un momento tranquilo: la salida de Dell’Olio fue la tercera baja en pocos meses de un funcionario de primera línea identificado con el radicalismo interno que responde al diputado provincial Marcelo López, luego de los alejamientos de Alejandro López y Lucas Fuscado. La reconfiguración interna del Ejecutivo es un hecho.
Pero hay otro flanco que la designación vuelve a abrir. Rodríguez percibe una jubilación nacional producto de su paso por ANSES y, hasta su nombramiento, integraba la estructura municipal mediante una designación ad honorem con cobro a través del Código 600. En 2024, ese adicional era de 600.000 pesos. El mecanismo está fuertemente cuestionado desde que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos intimó a varios funcionarios de la gestión Azcué que cobraban jubilaciones provinciales mientras percibían ingresos municipales por esa vía, argumentando que los pagos del Código 600 podrían configurar una relación laboral con obligaciones previsionales.
La situación de Rodríguez tiene, sin embargo, una diferencia jurídica relevante: al tratarse de una jubilada del régimen nacional y no del sistema provincial, no se advierte en principio la incompatibilidad que la Caja entrerriana señaló en otros casos. Aun así, la doble percepción de ingresos estatales vuelve a instalar un debate político y ético que en Concordia tiene antecedentes conocidos: la viceintendenata Magdalena Reta de Urquiza decidió en 2017 suspender voluntariamente el cobro de su jubilación mientras ejerce funciones públicas. Ese gesto, recordado hasta hoy en la política local, pone en perspectiva las decisiones que cada funcionario toma cuando el Estado le paga por dos vías al mismo tiempo.
