lunes , 18 mayo 2026
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Detectaron irregularidades en la licitación de la Hidrovía pero siguió igual

Detectaron irregularidades en la licitación de la Hidrovía pero siguió igual
La Procuraduría anticorrupción advirtió serias fallas en el proceso de concesión del principal corredor fluvial, pero el Gobierno avanzó sin corregir los problemas denunciados.

¿Cómo se explica que el Gobierno nacional avance con una licitación después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas detectara “serias y evidentes irregularidades”? La respuesta está en el escándalo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde las alertas anticorrupción no frenaron nada.

El dictamen de la PIA es demoledor: cuestiona desde la transparencia del procedimiento hasta posibles restricciones a la competencia en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. Se trata de la concesión por 25 años del sistema de dragado y mantenimiento de los ríos Paraná y Paraguay, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

Para Entre Ríos, esto no es un tema menor. La Hidrovía conecta directamente con la actividad portuaria provincial y el movimiento de granos que sale por Concepción del Uruguay, Diamante y otros puertos entrerrianos. Cualquier irregularidad en su manejo impacta en la logística regional.

Las denuncias llegaron de organizaciones ambientalistas, consorcios portuarios y empresas participantes. Todos alertaron sobre problemas que, según la Procuraduría, ya habían aparecido en licitaciones anteriores y que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación no corrigió.

Entre las irregularidades más graves figura la posibilidad de ceder el contrato a terceros sin que cumplan las condiciones originales de la licitación. También se cuestionó que las empresas excluidas en etapas tempranas no puedan impugnar evaluaciones posteriores, limitando el control sobre todo el proceso.

Pero hay más: la cláusula anticorrupción incluida en los pliegos permitiría reconocer compensaciones económicas al concesionario incluso en casos dudosos. Una contradicción que la propia Procuraduría calificó como un posible “direccionamiento” del proceso.

La investigación ya fue remitida a la Fiscalía Federal N° 9 y podría derivar en consecuencias penales. Mientras tanto, el Gobierno siguió adelante como si nada hubiera pasado, ignorando las advertencias de su propio organismo anticorrupción.

Con informacion de: Diario Junio.

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