Denunció, documentó y pagó las consecuencias. Eso es, en síntesis, lo que relata Estefanía Carolina Mucharli, bioingeniera y jefa del Departamento de Cómputos y Certificaciones de la Dirección de Vialidad Urbana de la Municipalidad de Paraná, en un video que difundió en redes sociales y que encendió una polémica sobre el control interno de la obra pública municipal.
Mucharli, empleada de planta permanente desde 2017, sostiene que su función era verificar que las obras ejecutadas en la vía pública coincidieran con las mediciones técnicas que sirven de base para los pagos a las empresas contratistas. Un rol técnico, independiente, que —según afirma— fue desactivado cuando la Secretaría de Planificación e Infraestructura dispuso que las certificaciones pasaran a estar en manos de los propios inspectores de obra.
“La secretaría les ordenó a los inspectores de obra ser juez y parte. Ellos inspeccionan, ellos certifican y cobran más cuando se certifica más. Yo, que era el control independiente en ese proceso, fui apartada”, declaró la funcionaria en su testimonio público. La acusación es directa: según su versión, el esquema de control cruzado fue eliminado, y quien lo señaló fue desplazada.
Lo que siguió, según Mucharli, fue un proceso que ella describe como “vaciamiento sistemático” de su rol. Afirma que dejó de recibir tareas, fue aislada en una oficina sin calefacción ni compañeros, y que sus colegas habrían recibido instrucciones de restringir el contacto laboral con ella. También denuncia que informes técnicos firmados por ella fueron retirados de expedientes administrativos, que su firma fue excluida de trámites sin notificación formal, y que se le habrían quitado adicionales salariales sin acto administrativo que lo respaldara.
La situación, según relata, comenzó en febrero de 2024, cuando elevó sus observaciones a superiores y organismos de control en cumplimiento de sus obligaciones como agente pública. Esas presentaciones dieron origen a un expediente administrativo en el que, asegura, ya se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporó documentación.
Mucharli también denuncia que dos técnicos que trabajaban junto a ella fueron desvinculados durante una reorganización del área: uno es amigo de larga data, el otro es un familiar directo. “No es una coincidencia, es una represalia y está documentada”, subrayó. Además, presentó una denuncia formal por violencia laboral e institucional en el ámbito municipal, que derivó en la apertura de otro expediente.
La funcionaria afirma que toda la situación está respaldada por documentación, registros, mensajes, grabaciones y declaraciones testimoniales. La Municipalidad de Paraná, a través de las áreas involucradas, no emitió una respuesta pública a los dichos de Mucharli al momento de conocerse el video. El expediente administrativo en curso es, por ahora, el ámbito formal donde se dirimirá si las irregularidades denunciadas tienen sustento y si el trato recibido por la funcionaria configura persecución laboral.
