Sin argumentos oficiales, sin comunicado, sin conferencia de prensa. Cien trabajadores municipales de Concordia se enteraron de que quedaban sin empleo por un mensaje de texto o cuando intentaron marcar el ingreso y el sistema no los reconoció. La escena, que ya se repitió varias veces desde que asumió el intendente Francisco Azcué, esta vez tuvo una respuesta inédita: el propio bloque oficialista se distanció y acompañó la citación al secretario de Hacienda.
En la sesión del Concejo Deliberante, la concejal Carolina Amiano (PJ) fue la primera en tomar la palabra y no se guardó nada. Señaló que, en esta oportunidad, el Ejecutivo ni siquiera se molestó en justificar la medida. “En esta oportunidad ni siquiera se tomó el trabajo de argumentar por qué despedía 100 empleados municipales. Pareciera que cada seis meses se da cuenta de que le sobran 100 empleados”, disparó. Amiano mencionó que el día previo, en los Centros de Salud de los barrios Villa Zorraquín, Nébel y Constitución, los vecinos debían esperar porque las enfermeras que atendían esas salitas habían quedado sin contrato. “Esa enfermera que atendía esa salita hoy no está más”, subrayó.
La edil también apuntó contra algunos gremios municipales que brillaron por su ausencia en la sesión. El único sindicato presente en las gradas fue ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Sin nombrarlos directamente, la referencia era clara hacia la UOEMC y el STEMC: “Se van a quedar sin empleados a los que defender”, advirtió.
Pero el dato político más fuerte de la jornada lo aportó el propio oficialismo. La concejal Eliana Lagraña (Juntos por Entre Ríos), quien en junio de 2025 había generado un escándalo al llamar “aguantaderos políticos” a los CDI en una sesión, esta vez marcó distancia. “No hemos formado parte” de esta decisión, aclaró. Y fue más lejos: propuso convocar al secretario de Hacienda y Coordinación de Gabinete, Pablo Ferreyra, para que responda ante los concejales. “Junto con su equipo fueron quienes llevaron la ejecución de esta decisión”, sostuvo.
La propuesta fue levantada de inmediato por el peronismo. La concejal Claudia Villalba pidió que se fijara “fecha y hora” para la convocatoria, aunque recordó que en ocasiones anteriores el responsable del derogado Invytam fue invitado y nunca apareció. Villalba puso números sobre la mesa: casi 400 trabajadores desvinculados desde que Azcué asumió la intendencia, muchos de ellos jefas de hogar. “Hay personas que ya estaban cobrando una miseria porque el sueldo de los municipales es una vergüenza, están comprando mercadería con tarjeta de crédito”, fustigó.
Tras un cuarto intermedio, la citación a Ferreyra fue votada por unanimidad. Ahora queda ver si el funcionario se presenta o repite la historia del Invytam. La fecha y hora de la convocatoria quedaron pendientes de definición.
