El silencio de los concejales pesó más que las palabras del Papa León XIV, quien este domingo puso el foco en la vulnerabilidad de los adultos mayores. Mientras el Pontífice recordaba a quienes “han contribuido durante años a construir la sociedad”, los jubilados de Concordia se encontraron con las puertas cerradas del recinto legislativo. La ironía es dura: se pidió la Banca del Pueblo para hablar de salud, y la respuesta fue la ausencia.
Ramón Cabrera, referente de la Mesa de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, detalló que esta mañana recorrieron la presidencia y la secretaría del Concejo Deliberante buscando un diálogo. El objetivo era exponer la gravedad de la situación de los afiliados al Pami que perdieron la cobertura de sanatorios privados y fueron derivados al Hospital Masvernat. Sin embargo, los ediles estaban reunidos en comisión y no los atendieron. La información que llegó después fue fría: el pedido fue derivado al Consejo Municipal del Adulto Mayor, un organismo dependiente del Ejecutivo municipal creado en 2025.
Para Cabrera, esta derivación es una maniobra para desvirtuar el reclamo. “Queremos hacer saber de la gravedad de la situación que se está pasando”, manifestó el referente. La cifra que respalda su bronca es contundente: 15.000 afiliados al Pami están ahora bajo la órbita del hospital público, un cambio que impacta directamente en la calidad de la atención. La Concejal Verónica Del Boca, impulsora del Consejo, había prometido en 2025 un espacio de “incidencia real” y “justicia”, pero para los jubilados, ser derivados a un consejo técnico cuando piden un espacio político de debate es una señal de desprecio institucional.
La crisis sanitaria local no se detiene en el Pami. Cabrera alertó sobre un nuevo frente de conflicto con la OSER. Desde la semana pasada, los afiliados a la obra social provincial no cuentan con atención médica al momento de ser internados. La causa, según el reclamo, es una decisión de la Asociación Médica de Concordia (afiliada a la FEMER) en protesta por débitos que consideran mal efectuados al pagar las prestaciones. La parálisis es total: las cirugías programadas no se realizan y, lo más alarmante, no se entregaron los medicamentos oncológicos del mes de octubre. “Ahora los medicamentos de los enfermos crónicos como los diabéticos corren el riesgo de pasar por la misma situación”, advirtió Cabrera.
La soledad institucional de los jubilados concordenses es notoria. El único Concejo Deliberante que se hizo eco del reclamo fue el de Concepción del Uruguay, a través del edil Juan Martín Garay. En Concordia, además de los pacientes, también sufren los cuidadores domiciliarios que no pueden cobrar sus prestaciones y los profesionales que atienden a personas con discapacidad, quienes dejaron de prestar servicios por no poder ser remunerados. La salud pública provincial se encuentra en un punto de quiebre, y la falta de respuesta política local deja a miles de vecinos al borde del colapso asistencial.
