Teherán dio un paso que endurece la crisis: la Armada y la Fuerza Aérea argentinas pasaron a figurar, en el discurso oficial iraní, como organizaciones terroristas. La medida llega en medio de la guerra en Oriente Medio y tensa una relación diplomática que ya estaba en conflicto.
En marzo, el gobierno de Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista, una figura que habilita sanciones financieras y restricciones operativas. Argentina acusa a ese cuerpo de apoyar a Hezbolá, al que atribuye los atentados contra la embajada de Israel en 1992, con 29 muertos, y contra AMIA dos años después, con 85 personas fallecidas y cientos de heridos.
Teherán ampara la decisión en una ley de 2019, que permite represalias contra Estados que designan terroristas a sus fuerzas militares. La cancillería iraní calificó la medida argentina de medida hostil y advirtió que el Gobierno asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de la acción, sin explicar cómo se aplicarían.
Desde diciembre de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel y respaldó el ataque conjunto contra Irán a fines de febrero, que desencadenó la guerra en Oriente Medio. En abril, Buenos Aires expulsó al máximo representante diplomático iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y antes de la guerra había designado en enero a la Fuerza Quds como organización terrorista.
El mismo criterio ya se había aplicado contra el Reino Unido. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6 como grupo hostil y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real como organizaciones terroristas.
La designación iraní llega en un momento en que la guerra en Oriente Medio ya había tensado los lazos entre Buenos Aires y Teherán. Para el Gobierno, la respuesta confirma que la política de alineamiento con Estados Unidos e Israel tiene un costo: cada paso contra la república islámica puede devolver un golpe diplomático.
La ley de 2019 introduce una lógica de espejo: si un país designa terroristas a las fuerzas de otro, el otro puede responder igual. En la práctica, convierte un acto político en una herramienta de presión, con efectos que pueden extenderse a lo financiero y lo operativo.
La escalada no se queda en el papel: convierte a las fuerzas argentinas en objetivo discursivo de un Estado y obliga al Gobierno a medir el costo político, diplomático y de seguridad de una confrontación que ya no es solo retórica. Si la reciprocidad se vuelve regla, cada designación puede arrastrar consecuencias que trascienden la nota diplomática.
