El campo entrerriano salió a respaldar la emergencia agropecuaria y el desastre agropecuario declarados para productores de islas y anegadizos afectados por El Niño.
La medida llegó mediante el decreto Nº 3692 y buscó dar una respuesta rápida a una situación que el sector describe como muy delicada. Para los dirigentes, el reconocimiento estatal no es un gesto: es una herramienta para sostener la producción.
El fenómeno climático conocido como El Niño dejó a productores en una situación compleja, con pérdidas directas y mayores costos. En ese marco, las entidades rurales coincidieron en que el decreto es un primer paso, pero falta la homologación nacional para activar beneficios.
Matías Martiarena, director del distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, sostuvo que la gestión se concretó en tiempo récord junto al gobierno provincial. “Luego de una intensa gestión hemos logrado en tiempo récord y, en conjunto con el gobierno provincial, obtener el decreto de Emergencia Agropecuaria para ganadería y apicultura en las zonas de islas; donde realmente se están viviendo momentos muy complejos”, afirmó.
Ronald Garnier, dirigente de Fedeco, destacó la celeridad de la provincia ante la situación hídrica. “La Provincia se ha manejado con celeridad ante esta situación hídrica. Vale la pena destacar que la Emergencia está declarada desde el primero de agosto, y esto incluye a los productores que se movieron con anterioridad”, precisó.
Juan Diego Etchevehere, director por Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina, consideró la declaración acertada y necesaria. “Es correcto que se reconozcan no solo las pérdidas directas, sino también los mayores costos de traslado, alimentación y arrendamiento de campos, y las ventas forzosas de hacienda; así también el diferimiento y las exenciones del inmobiliario rural y subrural son herramientas concretas de alivio para los productores afectados”, expresó.
El dirigente apuntó al siguiente paso: la homologación nacional de la emergencia para hacer efectivos los beneficios de la Ley 26.509. “El desafío es que esta declaración se traduzca en soluciones concretas, proteja al productor y permita sostener la capacidad productiva de Entre Ríos”, señaló.
Sergio Dalcol, presidente de Farer, valoró la celeridad del Gobierno provincial. “Me parece excelente la celeridad con la que el Gobierno provincial dio curso a la declaración de esta emergencia, ya que este tipo de fenómenos y sus efectos se lograron prever, a diferencia de un evento de granizo o una sequía. Uno pudo anticiparse al ingreso del agua dentro de su establecimiento y obrar en consecuencia, pero además era necesario este acompañamiento del sector público para hacerle frente a las pérdidas económicas que provocan estos desastres”, indicó.
La declaración alcanza a productores de ganadería y apicultura en zonas de islas y anegadizos de Entre Ríos, con el decreto provincial y la expectativa de que la homologación nacional active el alivio impositivo, financiero y crediticio.
