El agua volvió a poner a Entre Ríos en la picada: el Gobierno provincial declaró emergencia y/o desastre agropecuario para ganadería y apicultura en zonas de islas y anegadizos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. La medida responde a las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
El Decreto N.º 3.692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, formaliza la situación. El período declarado va del 1.º de agosto de 2026 al 31 de julio de 2027.
El alivio fiscal es el punto más concreto: la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) deberá diferir hasta el 31 de enero de 2028 los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural de 2026 y 2027 que caigan durante la emergencia. En la práctica, el productor no va a tener que salir a correr contra la fecha de pago mientras la emergencia sigue vigente.
También se habilita un plan especial y opcional para cancelar esos anticipos en hasta tres cuotas mensuales consecutivas, sin intereses de financiación. La primera cuota vencerá el 10 de marzo de 2028, y el Estado provincial condonará multas e intereses por pagos fuera de término dentro del período contemplado.
Quien sea declarado en desastre agropecuario queda eximido del pago de los anticipos inmobiliarios con vencimiento dentro de la emergencia. Pero ojo: el porcentaje de exención no es automático ni igual para todos, sino que equivale al nivel de pérdidas que figure en el certificado de desastre de cada productor.
Para acceder, el productor debe presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, firmada por un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y certificada por una entidad pública o privada representativa del sector. Con esa presentación, el Ministerio de Desarrollo Económico confeccionará los certificados que habilitan el beneficio.
La decisión no salió de la nada: la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario evaluó la situación. Lo hizo con informes del Instituto Nacional del Agua (INA), Senasa, Fucofa, INTA y Prefectura Naval Argentina, además de direcciones provinciales de Hidráulica y Obras Sanitarias y de Producción Animal.
En la ganadería, los informes identificaron disminución de la productividad, ventas forzosas de hacienda a precios inferiores, mayores costos de alimentación, traslado y alquiler de campos, y dificultades operativas y sanitarias para retirar y reubicar animales. La evaluación estimó que la afectación supera el 50% de la capacidad productiva.
La apicultura también pagó factura: hubo pérdidas directas en apiarios ubicados en humedales, islas y franjas costeras, con dificultades para retirar y trasladar colmenas. Los daños productivos, sanitarios y económicos forman parte del cuadro que justificó la medida.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, ya inició gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la emergencia agropecuaria a nivel federal. El objetivo es ampliar las herramientas de asistencia para los productores damnificados.
