El conflicto se encendió el 3 de noviembre, cuando los fiscales Daniela Montangie y Mauro Jaume rechazaron pedidos de prueba presentados por la abogada Cielo Petit. La disputa ocurre en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de GNC durante la gestión municipal de Enrique Cresto. En el medio, una exfuncionaria señalada en la causa: Mireya Liliana López Bernis.
Petit sostiene que la negativa le impide acceder a documentación necesaria para ejercer la defensa. Según explicó, buena parte de la información está en poder de organismos públicos y, particularmente, del Municipio, que no responde los requerimientos cuando no hay orden judicial. Su advertencia fue directa: “Nos impiden defendernos”.
Entre los pedidos figura una ordenanza vinculada con las compras de combustible, que según la abogada aparece mencionada en las actuaciones pero no está publicada en el Digesto Municipal. También pidió una nómina de empleados del corralón municipal, especialmente del área administrativa desde donde se habrían generado las compras directas. Esa información, dijo, serviría para reconstruir cómo se realizaban las adquisiciones y qué vehículos municipales usaban GNC.
Petit remarcó: “Esa documentación permitiría demostrar que las unidades señaladas en la causa existían y podían funcionar con ese combustible al momento de las compras”. Otro requerimiento apuntaba al circuito administrativo: quién iniciaba los expedientes, qué funcionarios intervenían y en qué orden se incorporaban las firmas. “Ese recorrido resulta relevante para establecer las responsabilidades individuales”, indicó.
La Fiscalía rechazó parte de esos pedidos por considerar que no guardaban relación con los hechos investigados. Respecto de las normas municipales, sostuvo que son disposiciones públicas cuyo conocimiento no requiere que las aporten las partes, en función del principio iura novit curia. La defensa cuestionó ese argumento y puso el acento en la dificultad concreta de conseguir la documentación.
“¿Cómo me van a negar una prueba que es documental?”, planteó Petit. “Necesito información que está en poder del Estado y que no me entregan”. La abogada consideró que, en causas por presuntos hechos de corrupción, una parte sustancial de la prueba suele estar en expedientes, registros de compras y procedimientos administrativos. Por eso, pidió que la Fiscalía facilite el acceso cuando las defensas lo requieren.
“La Fiscalía tiene que encontrar la verdad y no corroborar su teoría del caso”, afirmó. Según su experiencia en investigaciones de corrupción en Concordia, la Fiscalía Anticorrupción “no tiene objetividad, es totalmente parcial”. Petit adelantó que acudirá al juez de Garantías para solicitar autorización y obtener la documentación rechazada.
También advirtió que, si persisten las condiciones que cuestiona, podría plantear el traslado de la causa a otra jurisdicción. Lo hizo ante lo que consideró un “evidente direccionamiento investigativo” en causas de esa naturaleza dentro del Ministerio Público Fiscal de Concordia. La investigación comenzó en abril de 2024 y comprende compras de GNC realizadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
La hipótesis de la acusación sostiene que se habrían cargado cantidades de combustible a vehículos que figuraban como parte de la flota municipal. La disputa por las pruebas deja al descubierto una tensión mayor: quién controla el acceso a los papeles del Estado cuando una causa corre por la justicia de Concordia. En este punto, el debate ya no es solo técnico: es político, institucional y judicial.
El caso vuelve a poner en el centro la forma en que se investigan las compras públicas en Concordia. Si la documentación reclamada por la defensa resulta clave, el juez de Garantías tendrá que definir quién abre la caja de los papeles. Hasta entonces, la causa GNC sigue con dos frentes: la investigación de fondo y la pelea por la prueba.
