El cruce volvió a encenderse en la política provincial por OSER. Diputados de Juntos por Entre Ríos le apuntaron al PJ y plantearon que “le escandaliza que ahora se controle la facturación”.
La obra social reportó que, sobre 106 internaciones revisadas, la auditoría identificó 80 facturaciones duplicadas. También detectó prestaciones por profesionales que no integran el registro, presentaciones fuera de término y otras inconsistencias administrativas.
Los legisladores insistieron en que esas observaciones deben verificarse entre equipos técnicos y que OSER tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Aseguraron que ninguna entidad puede exigir renunciar a los controles como condición para mantener la atención.
Desde el bloque dijeron que “el tiempo de la extorsión terminó” y que no van a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados. Para ellos, las diferencias de facturación se resuelven entre instituciones, sin usar a los pacientes como instrumento de presión.
También precisaron que, según el informe de la obra social, las internaciones y cirugías no están suspendidas. La medida dispuesta por FEMER alcanza a las consultas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa federación.
Sobre los cuidadores domiciliarios, señalaron que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, frente a los 60 días habituales del resto de los prestadores. Insistieron en que corresponde cotejar horas autorizadas, prestadas y facturadas en la atención domiciliaria.
El bloque también cargó contra el justicialismo por ubicar el origen de los problemas en la creación de OSER. Acusaron al PJ de querer borrar la historia anterior y de omitir datos que, según ellos, contradicen el relato de que todo está peor.
Recordaron que, cuando se intervino el Iosper, se denunció una deuda acumulada de más de 42.800 millones de pesos y un sueldo para su presidente que, actualizado a valores de hoy, supera los 26 millones de pesos mensuales. Para JPE, esa es la obra social que el PJ defendió y sobre la que hoy prefieren guardar silencio.
El informe de gestión que citan los diputados registra que, entre enero y octubre de 2026, se aprobaron 16.538 trámites de discapacidad, frente a 9.009 en el mismo período de 2025: un incremento del 83,57 por ciento. Además, el tiempo promedio de resolución bajó de 30,55 a 17,89 días.
En los primeros diez meses del año, las autorizaciones de resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 y las de radioterapia, de 390 a 597, respecto del mismo período de 2025. Los legisladores señalaron que esos números contradicen el relato del PJ.
Los diputados también recordaron que el PJ gobernó Entre Ríos durante veinte años y que, según su lectura, tuvo tiempo y poder para garantizar transparencia, terminar con privilegios y defender a los afiliados. Sostuvieron que el justicialismo fue responsable político del sistema que generó esos privilegios y acumuló deudas.
En el mismo tono, JPE cuestionó al PJ por defender los privilegios del viejo Iosper y atacar las auditorías de OSER. Señaló que “los sueldos millonarios y los actos de corrupción denunciados no los indignaban”.
El PJ no dio su versión en este cruce. El bloque, en cambio, insistió en que la auditoría no es un arma política, sino una herramienta para cuidar los recursos de la obra social.
El cruce se da en un contexto donde OSER cubre a 288.891 afiliados: 286.620 residen en los 17 departamentos y en 286 localidades, comunas y parajes de Entre Ríos, y 2.271 en otras provincias. Del total, 9.312 cuentan con Certificado Único de Discapacidad.
