El Fondo de Asistencia Laboral deja de ser solo un capítulo de la reforma laboral y empieza a meterse en la caja de las empresas. La fecha que importa es el 1° de diciembre de 2026, cuando entra en vigencia el régimen, aunque todavía no será la fecha para usarlo a fondo frente a indemnizaciones.
El Decreto 1228/2026, publicado el 20 de octubre, extendió la carencia de seis a doce períodos mensuales completos y consecutivos. El cómputo arranca desde el mes calendario en que se registre ante ARCA la efectiva integración de la primera contribución.
Para el abogado laboral de Paraná, Adrián Barsanti, esa extensión no es un capricho técnico. El propio Poder Ejecutivo la justificó en la necesidad de armar una formación patrimonial inicial que le dé solvencia, liquidez y estabilidad al sistema.
En la práctica, diciembre marca el arranque del régimen, pero no el inicio de su utilización efectiva para afrontar desvinculaciones. Durante los primeros doce períodos se van a acumular los recursos necesarios para conformar el patrimonio de los fondos.
Barsanti sostiene que el atractivo del FAL no está solamente en que la contribución no representa, según el diseño legal, una nueva carga patronal. También está en que introduce progresivamente una reserva financiera para asistir determinadas obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales.
La contribución será del 2,5% para las MiPyMEs y determinadas entidades sin fines de lucro, y del 1% para el resto de los empleadores privados, mediante el mecanismo de reasignación previsto por la normativa.
Aquí viene el punto que no conviene pasar por alto: sería un error pensar que el FAL elimina el riesgo indemnizatorio. El fondo no sustituye la obligación del empleador frente al trabajador ni modifica el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo.
Si al momento de una desvinculación los recursos acumulados no fueran suficientes, la empresa deberá afrontar la diferencia. Del mismo modo, la cobertura se construye sobre la información laboral formalmente declarada, de modo que una diferencia entre la realidad de la relación laboral y lo registrado puede terminar convirtiéndose también en una diferencia financiera.
Por eso, la registración laboral adquiere una dimensión financiera que hasta ahora no tenía. Categoría, remuneración, jornada, antigüedad y demás datos declarados no serán solamente elementos relevantes frente a una eventual fiscalización o litigio; también determinarán, en buena medida, la magnitud del pasivo laboral que el FAL estará en condiciones de asistir.
Barsanti señala que la implementación debería ser acompañada por una revisión de la consistencia entre los registros internos, la liquidación de haberes y la información declarada ante ARCA. La prórroga ofrece un margen adicional para ordenar esa transición, pero no debería generar una nueva postergación en las decisiones.
Será necesario definir la entidad habilitada, instrumentar la cuenta correspondiente, obtener y validar el ID FAL y adecuar los sistemas de liquidación. Al mismo tiempo, habrá que administrar con prudencia las expectativas financieras: durante la carencia, el fondo comenzará a recibir recursos, pero la empresa deberá continuar preservando capacidad propia para afrontar eventuales desvinculaciones.
El mensaje final es simple: el FAL no borra la cuenta laboral, la vuelve más visible y más cara si los registros no están limpios. Para las organizaciones con elevada rotación, dotaciones importantes o estructuras de antigüedad, la prudencia no es un lujo: es parte de la nueva gestión del riesgo.
