El presidente Javier Milei volvió a marcar territorio con fuego. Antes de que se confirmara la tendencia a favor de Lula en las elecciones 2026 de Brasil, cargó contra la decisión del Supremo Tribunal Federal de extender el horario de votación hasta las 19. “Lula quiere robar las elecciones”, fue el mensaje que replicó en su cuenta de X, y añadió que el horario se extendió dos horas en todo Brasil.
El mensaje agregaba que en pleno balotaje y por pedido del Partido de los Trabajadores de Lula, el horario de votación se extendió hasta las 19:00 en todo el país, pese a que ya había comenzado el escrutinio. El dato es sensible porque toca el corazón del balotaje y porque Milei eligió convertirlo en un acto político. En Entre Ríos, el ruido llega directo: pensá que si el debate se instala en Brasil, también se instala en la agenda local.
El viernes, la bronca se volvió más personal. Después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó en la causa $LIBRA, Milei inauguró una nueva fase de su cruzada por la libertad. Si la motosierra fue el símbolo del ajuste, ahora propone la hoguera como destino de quienes lo incomodan.
En el discurso, el presidente exigió una compensación por “un año, 8 meses y 9 días de calumnias e injurias”. Describió un “intento de golpe de Estado por la vía institucional” y nombró a cinco periodistas que siguieron el caso $LIBRA: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. Los trató de corruptos y ensobrados.
La otra pata del día es la tarifa. AySA dejará planteada, antes del traspaso a manos privadas del 13 de noviembre, una reforma que, de aprobarse, implicará aumentos para casi dos millones de usuarios residenciales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La audiencia pública será este lunes desde las 10, convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento.
El cálculo es directo: una suba promedio del 22,6% para seis de cada diez usuarios, además de las actualizaciones habituales por inflación. Según los documentos, 1.998.747 usuarios residenciales pagarían más, 683.927 tendrían una reducción promedio del 14,7% y otros 672.194 mantendrían sus valores. El reparto sería de aproximadamente 60%, 20% y 20%, respectivamente.
El objetivo declarado por el Gobierno es financiar una ampliación de la tarifa social. La aprobación, la fecha de entrada en vigor y el esquema de aplicación dependerán del regulador. Mientras tanto, el país mira dos frentes: la hoguera verbal de Milei y la boleta que va a pesar en el bolsillo de casi dos millones de usuarios.
