Primero construir, después arreglar. En Concordia, la propiedad que permitió regularizar las infracciones urbanísticas del edificio Cantená ya salió al mercado: se comercializa como una unidad funcional más del emprendimiento, incorporada al régimen de propiedad horizontal. Una historia que mezcla transgresiones a la normativa, patrimonio arquitectónico y una salida administrativa que generó fuertes cuestionamientos.
El edificio, desarrollado por CANTENÁ S.R.L. sobre calle Carriego 76 y proyectado por el arquitecto José Luis «Joselo» Fernández, fue construido con al menos dos infracciones graves: la intervención sin autorización de la fachada de un inmueble protegido por la Ordenanza Nº 29.789 de Patrimonio Arquitectónico —donde funcionó el primer hospital público de Concordia— y un exceso en el Factor de Ocupación Total (FOT) de aproximadamente 500 metros cuadrados por encima de lo permitido. Para dimensionar: eso equivale a unos diez departamentos de 50 metros cuadrados.
La Municipalidad respondió con la Resolución Nº 7599/2024, que aplicó un recargo del 660% sobre la Tasa General Inmobiliaria (TGI), sanción que debía mantenerse hasta que la obra se adecuara a la normativa. La multa no era menor: de haberse sostenido, hubiera recaído directamente sobre los propietarios de las unidades del edificio.
Frente a ese escenario, los desarrolladores adquirieron el inmueble lindero en Carriego 66 —también bajo protección patrimonial— y lo incorporaron al proyecto original. La ampliación de la superficie afectada al emprendimiento permitió compensar el excedente de metros construidos y sirvió como base de la propuesta de regularización presentada ante el municipio.
El Departamento Ejecutivo remitió el expediente al Concejo Deliberante, donde la mayoría oficialista lo aprobó, habilitando las medidas administrativas necesarias para compensar el perjuicio sobre el inmueble patrimonial y autorizando la regularización del emprendimiento. Esa decisión dejó sin efecto el recargo del 660% sobre la TGI.
Lo que no pasó desapercibido en su momento fue el dictamen de la propia Asesoría Legal del municipio, que había calificado de «extemporáneos» los argumentos presentados para solicitar la eximición de sanciones, entendiendo que éstas respondían a infracciones urbanísticas ya verificadas y consolidadas. Sin embargo, la mayoría oficialista convalidó la salida propuesta por el Ejecutivo.
Hoy, con la propiedad de Carriego 66 en venta como unidad funcional del Cantená, el expediente vuelve a la superficie. Desde la inmobiliaria confirmaron que el inmueble fue incorporado en su totalidad al emprendimiento y que ya no constituye una propiedad independiente: quien lo adquiera será propietario exclusivo de esa unidad, pero también copropietario de los espacios comunes, con todas las obligaciones que eso implica —expensas, reglamento de consorcio, restricciones sobre áreas comunes—. La unidad puede venderse, alquilarse o hipotecarse de manera independiente, ya que cuenta con individualización propia dentro del régimen de propiedad horizontal. El negocio sigue su curso; los cuestionamientos técnicos y jurídicos, en el expediente.
