Votar a favor de una reforma previsional dentro del Partido Justicialista no es un acto menor. Es, en la política entrerriana de estos días, casi un acto de disidencia. Y eso es exactamente lo que hicieron las senadoras Domínguez y Miranda, que salieron a defender públicamente su posición tras el debate en el Senado provincial sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.
Domínguez fue directa al explicar su razonamiento: «El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener», advirtió. Y fue más lejos: «La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse». Para la legisladora, la discusión no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar que el sistema sea sustentable en el tiempo, tanto para los jubilados actuales como para los trabajadores que se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.
La senadora aclaró que su respaldo no fue al proyecto original del Ejecutivo provincial, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario. «Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado», señaló. Los cambios incorporados incluyen la reducción del período de cálculo del haber inicial de 20 a 15 años, el mantenimiento de la edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para municipios: 1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí. Además, Domínguez presentó un proyecto complementario para crear una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional, con participación de los tres poderes, trabajadores, jubilados y entidades profesionales.
Miranda, por su parte, no se limitó a justificar su voto: apuntó directamente contra la conducción del peronismo. Recordó que el PJ tuvo Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y mayoría en ambas Cámaras y no avanzó en ninguna solución al déficit previsional. Aunque consideró la reforma como «un comienzo» insuficiente, sostuvo que «alguien se tiene que animar» a tomar decisiones difíciles.
El momento más filoso llegó cuando Miranda cuestionó la amenaza de expulsión que el partido lanzó contra los legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin recibir sanción alguna. «Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad, pero cuando el norte toma otra decisión es traición», planteó. Su diagnóstico sobre el justicialismo entrerriano fue lapidario: lo describió como «un partido acéfalo» durante los últimos ocho años.
La reforma previsional provincial sigue siendo el eje de una fractura interna en el PJ entrerriano que, lejos de cerrarse, parece profundizarse con cada declaración. El debate sobre la sustentabilidad de la Caja ya no es solo técnico: es, también, una pelea por el rumbo y la identidad de un partido que busca redefinirse en la oposición.
