Quince años lleva vigente la Ley de Salud Mental 26.657 y ni un solo hospital psiquiátrico fue reemplazado en la Argentina. El número es tan contundente como incómodo. Y hay alguien que lo dice sin rodeos.
Hugo Cohen, psiquiatra, ex asesor regional de la OMS y la OPS, e impulsor de esa ley, acaba de publicar Al margen de la Ley de salud mental – Crónica de su implementación en Argentina, un libro que es parte diagnóstico, parte denuncia. Su tesis central no tiene grises: los hospitales psiquiátricos son un instrumento del pasado y deberían ser reemplazados por centros de atención en cada barrio o comuna, para también acompañar a los familiares del paciente.
El contexto que describe Cohen es alarmante. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, los trastornos mentales están entre los cinco principales problemas de salud pública en el mundo, junto a la hipertensión, la diabetes, los tumores malignos y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y se estima que entre un 70 y 80% de quienes padecen algún trastorno mental no recibe atención. Cifras que, en cualquier otra área de la medicina, generarían una crisis de Estado.
En la Argentina, el presupuesto destinado a salud mental no supera el 2% del total asignado a salud. Un sistema diseñado casi exclusivamente alrededor de hospitales y colonias psiquiátricas que, según Cohen, la ciencia ya demostró que no son la herramienta adecuada para resolver las necesidades de la población.
¿Por qué no se aplica la ley que la propia OMS señala como modelo para la región? Cohen es directo: el artículo 32, que determina el presupuesto, nunca fue reglamentado desde el inicio. A eso se suma que existe un proyecto del Ejecutivo nacional que apunta directamente a derogar la norma. El resultado es que sin aplicación no hay evaluación posible: no se sabe qué funcionó y qué no. De los siete censos de personas internadas que debían realizarse, solo se hizo uno, en 2018. Y la actualización en la formación de profesionales tampoco se concretó.
El especialista también apunta a otro flanco: el estigma social. Señala que hay que trabajar en la sensibilización para que la sociedad reconozca que ciertas conductas no responden a vagancia o falta de voluntad, sino a padecimientos reales que requieren tratamiento. En ese punto, los determinantes sociales pesan fuerte: la desocupación, la deserción escolar y la violencia contra los niños son factores que alimentan directamente la crisis de salud mental.
La lógica que propone Cohen es simple pero poderosa: si una persona en crisis es trasladada al Hospital Borda o al Moyano, lo que queda es el estigma. Si en cambio llega al hospital del barrio o al hospital general más cercano, la experiencia y el resultado cambian por completo. El cambio de actitud social, sostiene, se produce en la práctica, no en los discursos. Mientras la ley siga siendo letra muerta y el presupuesto siga siendo marginal, esa práctica transformadora seguirá siendo una promesa incumplida.
