No es un anuncio más. Javier Milei convocó esta tarde a su equipo económico en la residencia de Olivos para cerrar los lineamientos de una reforma que, si prospera, cambiará las reglas de juego del sistema monetario argentino: modificar la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir, con sanciones explícitas, que el organismo financie al Tesoro mediante emisión.
El encuentro, fijado para las 18 horas, reunió al ministro de Economía Luis Caputo, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y al titular del BCRA Santiago Bausili. Milei lo confirmó en el canal de streaming Neura, donde no escatimó en retórica: “Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos”.
El núcleo de la propuesta es claro: la nueva normativa prohibiría de forma explícita que el Banco Central financie al Tesoro vía emisión monetaria, con sanciones para quienes lo violen. El presidente fue más lejos y calificó esa práctica directamente como una “estafa”: “El Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal”, señaló, insinuando que el marco legal vigente ya podría usarse para perseguir esa conducta.
La reforma, según Milei, no viene sola. Está “interrelacionada” con otras iniciativas legislativas en carpeta: la ley de mercado de capitales, la llamada Inocencia Fiscal y cambios en el mercado de seguros y las reglas fiscales. El paquete apunta a blindar la disciplina monetaria desde varios frentes a la vez. Además, el presidente adelantó que trabajan en un mecanismo por el cual, si el presupuesto del Estado se agota, el gasto se detiene automáticamente: “Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, sentenció.
El antecedente que el Gobierno tiene en la mira es la reforma de 2012, impulsada bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont en el BCRA durante el kirchnerismo. Aquella modificación reemplazó el objetivo esencial del artículo 3 —”preservar el valor de la moneda”— por un mandato múltiple que incluía empleo y desarrollo económico. También amplió los límites del artículo 20, que regula los adelantos transitorios al Tesoro, habilitando mayor financiamiento con emisión. Los años siguientes demostraron que más mandatos no significaron menos inflación.
La reforma de la Carta Orgánica requiere tratamiento legislativo y el Gobierno deberá conseguir los votos necesarios en el Congreso para avanzar. La discusión sobre los alcances concretos de las sanciones y los mecanismos de control recién empieza.
