Hay dos versiones del mismo caso y ninguna es inocente. Mientras la Municipalidad difundió la cesantía de Gustavo Gutiérrez —empleado de la Dirección de Higiene Urbana— como el resultado natural de un sumario que detectó más de cincuenta inasistencias injustificadas y el ejercicio de una actividad privada en horario laboral, su defensora salió a romper ese relato punto por punto.
La abogada Cielo Petit sostuvo que la difusión oficial tuvo como objetivo «amedrentar y amenazar a los agentes municipales» y calificó la versión del Ejecutivo de «parcial, sesgada e interesada». Según explicó, Gutiérrez acumula 27 años de antigüedad en el Municipio sin antecedentes disciplinarios previos, y desde mediados de 2025 habría comenzado a ser blanco de lo que describió como «ensañamiento y persecución» por parte de la gestión del intendente Azcué.
Uno de los ejes del cuestionamiento apunta al área de Medicina Laboral, a la que Petit acusó de desconocer sistemáticamente certificados emitidos por otros profesionales. Fue más precisa: señaló que el médico laboral municipal «convoca a juntas médicas en las que actúa solo», una situación que calificó de «grave». Y no es solo su palabra: afirmó que en otra causa que ella patrocina, la Justicia ya reconoció como justificadas faltas que ese mismo profesional había rechazado originalmente.
La defensora también cuestionó el funcionamiento de la Oficina de Sumarios, al sostener que «no produce la prueba que se solicita ni analiza la documentación presentada por la defensa». Según detalló, el superior jerárquico de Gutiérrez remitió en tres oportunidades notas de descargo a la Dirección de Personal, pero ninguna habría sido valorada durante el trámite. En noviembre de 2025, además, se le retuvieron los haberes sin notificación previa, lo que la abogada calificó como «un abuso desmesurado del poder de la administración».
El caso tiene también una lectura política que Petit no esquivó. Vinculó la situación de su defendido con los traslados que la gestión Azcué dispuso sobre trabajadores identificados con el peronismo: «Fue uno de los agentes que sufrió una grave discriminación política cuando Azcué decidió trasladar mediáticamente a empleados ‘peronistas’ del Concejo Deliberante a Servicios Públicos, donde durante meses no tuvieron funciones», afirmó.
La abogada fue directa al trazar el cuadro de situación más amplio: sostuvo que la política de la gestión apunta a reducir la planta de personal para reemplazar trabajadores de carrera por contrataciones precarias bajo la figura del monotributo. «La actitud de la administración Azcué es similar a la del Gobierno provincial y tiene un solo objetivo: cesantear y despedir agentes para incorporar el doble o el triple de monotributistas», afirmó. Todo esto ocurre en un contexto donde los despidos municipales ya sumarían alrededor de 400 trabajadores desde el inicio de la gestión. Tras agotar la vía administrativa, la defensa promovió una medida cautelar —pendiente de resolución— y luego inició una demanda por nulidad de las resoluciones y por daños. El caso, como subrayó Petit, ya está en manos de la Justicia.
