No es un número menor. Manuel Adorni, el ex vocero presidencial que se convirtió en la cara diaria del gobierno de Javier Milei, tiene una causa judicial encima que no para de crecer: se confirmaron consumos por 139 millones de pesos realizados con tarjetas de crédito durante su gestión al frente de la portavocía.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito abarca el período que va desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, es decir, prácticamente toda su etapa como funcionario. Pero el expediente no se limita a sus propias tarjetas: también analiza compras realizadas con tarjetas de crédito de colaboradores y pagos en efectivo, lo que amplía el universo de operaciones bajo la lupa de la Justicia.
El dato es contundente y merece ser leído con atención: no se trata de gastos de representación debidamente registrados ni de erogaciones institucionales transparentes. La causa apunta a consumos que, según la investigación, no encontrarían respaldo suficiente en los ingresos declarados por el funcionario. Eso es, en esencia, lo que define el delito de enriquecimiento ilícito: una diferencia patrimonial que no se puede explicar.
Adorni fue uno de los rostros más reconocibles del gobierno libertario. Cada mañana, desde la sala de conferencias de Casa Rosada, salía a defender las medidas de la administración Milei con un estilo que combinaba firmeza y marketing personal. Hoy, ese mismo perfil público lo convierte en un caso de alto impacto político: cuando un vocero que pregonaba la austeridad del Estado aparece en el centro de una investigación por gastos millonarios, la contradicción habla sola.
Por el momento, Adorni no dio su versión pública sobre los detalles de la causa ni ofreció una explicación sobre el origen o el destino de esos consumos. La investigación judicial sigue su curso y será la Justicia quien determine si los movimientos tienen o no una justificación legal. Lo que ya no tiene vuelta atrás es el número: 139 millones de pesos en tarjetas, confirmados, con nombre y apellido.
