Una denuncia penal sacude el municipio de Concordia. El ex concejal Mariano Giampaolo pidió a la Fiscalía que investigue la contratación directa de la empresa VITSA para el servicio de recolección de residuos por 250 millones de pesos.
Todo arrancó el 19 de marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria en la ciudad. “Se veía en la calle que había cada vez más basura, se habían sacado los contenedores de la ciudad y la gente empezó a protestar con razón”, explicó Giampaolo. La situación llegó al extremo de que él mismo tuvo que comprar un contenedor para la Plaza España y pagar para que lo trasladaran.
Pero acá viene lo picante: el concejal Felipe Sastre ingresó el proyecto de emergencia sin pasar por mesa de entradas, con el acompañamiento del oficialismo y La Libertad Avanza. Se aprobó el mismo día, sin debate previo. Las razones de Sastre fueron brutalmente sinceras: sabían que el PJ se iba a oponer, que iban a salir a los medios, y por eso no hubo aviso previo.
“Es un cachetazo“, disparó Giampaolo. “La oposición está para indagar y estudiar la conveniencia de los proyectos. Hay una parte de la sociedad que te dice ‘te voto a vos para que controles al que ganó’. Eso es el ABC de la democracia“.
Al día siguiente, los camiones de VITSA ya estaban trabajando. Pero hay testigos que los vieron dos días antes en la ciudad, sin estar inscrita como proveedora municipal. A la tarde se firmó el contrato de concesión directa. El detalle que duele: hay informes internos que muestran compulsas de precio con otras empresas del ramo que pasaron la mitad del costo que cobró VITSA.
“Al menos, los concordienses nos merecemos una explicación de por qué se contrató a VITSA por 250 millones, que trajeron cuatro o cinco camiones a la ciudad”, cuestionó el ex edil. Además, un centenar de trabajadores municipales de recolección fueron trasladados a otros lugares sin explicaciones.
La denuncia apunta a que se violentaron “todas las normativas de compra y suministro del municipio”. Ya se pagaron marzo parcialmente y abril completo. Para colmo, el servicio los primeros quince días fue deficiente y se incrementaron las quejas vecinales, según un informe interno. Pero un funcionario pidió que se haga otro informe donde “en realidad, ya se acomodaron”. En base a ese segundo informe se autorizó el pago.
El procedimiento correcto hubiese sido una licitación pública con compulsa de precios entre varias empresas. Giampaolo pidió a los fiscales que soliciten las copias originales de toda la documentación para determinar si hubo irregularidades en esta contratación millonaria que tiene en vilo a los concordienses.
