La hermana del Presidente zafó de una buena. La justicia federal cerró la denuncia penal contra Karina Milei por presuntas irregularidades en una licitación de 700 millones de pesos para mantener los jardines de la Casa Rosada y la quinta de Olivos.
El fiscal federal Ramiro González pidió desestimar la causa por “inexistencia de delito”, argumentando que la licitación “se encuentra aún en una etapa preliminar” y que no hay indicios de conducta penalmente relevante. El juez federal Sebastián Ramos debe ahora cerrar definitivamente el expediente.
¿Quién había puesto el grito en el cielo? La diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza que se peleó con el oficialismo. Pagano denunció que dos empresas participantes – “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA” – pertenecen al mismo grupo empresario, lo que habría eliminado la competencia real en el proceso.
La legisladora apuntó directamente contra Karina Milei como secretaria General de la Presidencia, pidiendo que se la investigue por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles y incumplimiento de deberes de funcionario público. Nada menos que el combo completo de delitos contra la función pública.
Pero la Fiscalía no se la creyó. Después de analizar toda la documentación en la plataforma COMPRA.AR, González determinó que fueron nueve las empresas que se presentaron a la licitación. “La Mantovana” ofertó 769.200.000 pesos y “Grub SA” 690.000.000, pero el proceso sigue en análisis de la Comisión Evaluadora.
El punto clave del dictamen fiscal: que dos empresas del mismo grupo participen “no constituye por sí misma una irregularidad” porque el decreto regulatorio establece que ninguna oferta puede ser desestimada en el acto de apertura. Todo queda sujeto al análisis posterior de las autoridades competentes.
Pagano había hecho dos ampliaciones a su denuncia original, sugiriendo eventuales relaciones familiares entre funcionarios de la Secretaría General y personas vinculadas a las empresas participantes. Pero el fiscal consideró que se trata de “hechos distintos” que, en todo caso, ameritarían otra causa penal separada.
La licitación pública N.º 23-0005-LPU26 busca cubrir el mantenimiento integral de los espacios verdes oficiales por 12 meses con opción de prórroga. Un contrato jugoso que ahora seguirá su curso administrativo normal, sin la sombra de una investigación penal sobre la hermana presidencial.
