Seis meses después de que Joaquín Gatto perdiera la vida aplastado por un arco de fútbol, la Justicia finalmente puso el dedo en la llaga. El director del colegio donde ocurrió la tragedia fue imputado por la muerte del niño de 12 años, en una decisión que muchos esperaban desde aquel día que marcó a fuego a la comunidad educativa entrerriana.
La investigación judicial determinó lo que ya muchos sospechaban: el arco de fútbol que aplastó a Joaquín no estaba anclado al suelo. Una negligencia imperdonable que costó la vida de un chico que solo quería jugar. ¿Cómo es posible que una estructura de esas características permanezca sin la seguridad mínima en un establecimiento educativo?
El caso de Joaquín Gatto expuso las falencias en los protocolos de seguridad de las escuelas entrerrianas. La formulación de cargos contra el director marca un precedente que debería hacer temblar a todos los responsables de instituciones educativas que tienen infraestructura deportiva sin las medidas de seguridad correspondientes.
La familia del menor viene reclamando justicia desde aquel trágico día, cuando el arco se desplomó sobre Joaquín durante el recreo. Ahora, con la imputación formal, se abre una nueva etapa en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales en esta muerte evitable.
La tragedia de Joaquín no puede quedar en el olvido ni repetirse en ninguna otra escuela de la provincia. La seguridad de los chicos en los establecimientos educativos no es negociable, y cada director debe asumir la responsabilidad que le corresponde para evitar que otra familia viva este dolor.
