Después de más de una década de denuncias y postergaciones, la justicia federal finalmente decidió avanzar contra los responsables de una presunta contaminación masiva del Río Paraná. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de Atanor S.A., la empresa agroquímica que opera en San Nicolás, junto a funcionarios provinciales que habrían mirado para otro lado.
La decisión hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal federal Matías Di Lello y por la querella que representa a vecinos de San Nicolás, quienes desde 2014 vienen denunciando los impactos ambientales de la planta química. Los habitantes de los barrios Química y Ponce de León no se cansaron de señalar escapes de gases, vertido de efluentes al río y enterramiento de residuos tóxicos en las barrancas.
¿Qué encontraron los peritos durante la investigación? La presencia de atrazina en muestras de agua del Paraná y de cipermetrina y trifuralina en el suelo de la zona. Testimonios de habitantes y exempleados de la empresa confirmaron las sospechas que los vecinos venían planteando hace años. La contaminación no era una percepción: tenía nombre y apellido químico.
El fiscal Di Lello fue contundente al solicitar las indagatorias en mayo de 2023. Según su planteo, los directivos de Atanor habrían contaminado el curso del Paraná al menos hasta julio de 2020 mediante el vuelco de efluentes y la dispersión de partículas con residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud pública. Pero la responsabilidad no se detiene en la empresa.
También deberán declarar cinco funcionarios del OPDS y tres expresidentes de la Autoridad del Agua bonaerense. A los primeros se les atribuye la omisión de controles y acciones para prevenir la contaminación, mientras que a los segundos se les imputa no haber cumplido con las funciones de supervisión y protección de los recursos hídricos. El Estado provincial también está en el banquillo.
La jueza Silvina María Andalaf Casiello fue clara al cuestionar las sucesivas postergaciones que sufrió el caso durante más de una década de trámite judicial. Consideró que existe suficiente caudal probatorio para avanzar y remarcó el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Las medidas de prueba pendientes podrán evaluarse al momento de resolver la situación procesal de los imputados.
Esta decisión marca un punto de inflexión en una causa que parecía destinada a perderse en los laberintos judiciales. Los vecinos de San Nicolás, que durante años respiraron aire contaminado y vieron cómo el Paraná recibía desechos tóxicos, finalmente tendrán la oportunidad de que se esclarezca si hubo delitos ambientales y quiénes fueron los responsables.
