¿Era necesario tanto debate para llegar a esto? Entre Ríos finalmente aprobó el protocolo que regula las aplicaciones de fitosanitarios en el territorio provincial, un tema que venía generando tensiones entre productores, ambientalistas y autoridades sanitarias desde hace meses.
El documento se basa en recomendaciones técnicas de organismos oficiales nacionales y provinciales, incluyendo la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También incorpora lineamientos del Manual de uso responsable de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y las buenas prácticas agrícolas del INTA y Senasa.
Pero lo que le da peso real al protocolo son los aportes del Consejo Asesor Fitosanitario, un organismo que reúne voces de todos los sectores involucrados. Presidido por el ministro de Desarrollo Económico, incluye representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente, el Consejo General de Educación y la Secretaría de Gobiernos Locales.
La mesa también suma a dos representantes de las facultades de Ciencias Agropecuarias de Entre Ríos, uno del INTA, dos de organizaciones de productores, y delegados de sindicatos rurales y docentes. El Colegio de Profesionales de la Agronomía (Copaer) también tiene su lugar en la discusión.
No quedaron afuera las organizaciones ambientales no gubernamentales, los registradores de productos fitosanitarios y los aplicadores profesionales. Una mesa amplia que buscó equilibrar intereses económicos, sanitarios y ambientales en una provincia donde la actividad agropecuaria es columna vertebral de la economía.
El protocolo llega en un momento clave, cuando la presión social por regulaciones más estrictas se intensifica y los productores reclaman marcos claros para operar. Entre Ríos da un paso hacia adelante en la búsqueda de ese equilibrio que tanto cuesta encontrar entre producción y cuidado ambiental.
