La crisis del frigorífico Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay no solo deja 900 trabajadores en la calle, sino que expone la ausencia total del gobierno provincial ante un conflicto que sacude los cimientos económicos de la ciudad. Las palabras del concejal Garay no admiten medias tintas: “La Provincia está totalmente ausente”.
¿Cómo llegamos a este punto? La empresa venía agonizando hace dos años con procedimientos preventivos de crisis y despidos encubiertos bajo “retiros voluntarios”. De 1500 empleados pasó a 900 tras cerrar la planta de Beccar. Ahora, esos 900 trabajadores se quedan sin los $1.400.000 promedio que llevaban a casa cada mes.
El drama social es demoledor. Familias enteras que no pueden pagar alquileres, madres separadas que no reciben cuota alimentaria, trabajadores que no llegan a cubrir servicios básicos. Pero el impacto va más allá: productores de pollos, transportistas, cazadores – toda una cadena económica que se desploma como fichas de dominó.
Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio y su ministro de Trabajo Manuel Troncoso hablan de “mesas de trabajo interministeriales” y “contactos con distintos actores”. Palabras huecas para un concejal que reclama acción concreta. “Solo se puede poner el hombro y el oído”, admite con impotencia desde el municipio.
La comparación es lapidaria: “Jorge Busti se ponía al frente, acá no hay nadie”. El reclamo apunta directo a Paraná: necesitan un intermediario que dialogue con Nación, no funcionarios que se escuden en que es “un conflicto privado” cuando 900 familias están en juego.
La informalidad ya se disparó en las calles uruguayenses. Tres kioscos donde había uno, dos pollerías, cuatro despensas, 300 remises donde antes había 200. Es la supervivencia desesperada de quienes cobraron indemnizaciones y ahora intentan “salvar la diaria” con menos circulante en la ciudad.
El fantasma de 2001 sobrevuela Concepción del Uruguay, que fue una de las primeras ciudades en vivir saqueos a supermercados. Entonces los frigoríficos resistieron “a menor escala”. Ahora, con uno de los actores económicos más importantes al borde del cierre, el panorama se vuelve inquietante.
El Sindicato de la Alimentación defiende su accionar y niega inflexibilidad en las negociaciones, asegurando que mantuvieron el diálogo desde el primer momento. Pero las palabras chocan contra la realidad de 900 trabajadores que miran un futuro incierto mientras esperan que alguien en Paraná se anime a dar la cara.
