¿Cuántos empleados estatales trabajan en negro en Entre Ríos y cuánto le están costando a la Caja de Jubilaciones? La pregunta que nadie quería hacer la puso sobre la mesa Enrique Cresto, el ex intendente de Concordia y actual diputado provincial del PJ, con un pedido de informes que promete levantar más de una ampolla en el gobierno de Rogelio Frigerio.
El planteo del legislador justicialista llega en pleno debate por la reforma previsional entrerriana y apunta directo al corazón de una práctica que se volvió moneda corriente en el Estado: contratar trabajadores por años bajo modalidades de locación de servicios o como monotributistas, esquivando los aportes completos al sistema jubilatorio provincial.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de todo el bloque peronista, reclama al Poder Ejecutivo que detalle cuántos trabajadores están en esta situación de precariedad y qué impacto real tiene sobre la sustentabilidad de la Caja. Pero el pedido va más allá: quiere saber si existen controles efectivos y auditorías para verificar que los aportes se ingresen como corresponde.
El disparador de esta movida fue un fallo judicial dictado en marzo pasado en Concordia, en la causa Guattini contra la Municipalidad, donde la Justicia reconoció el cómputo de antigüedad laboral por períodos trabajados bajo contratos de locación de servicios. Una bomba de tiempo que podría abrir la puerta a miles de reclamos similares en toda la provincia.
“El sostenimiento del principio de solidaridad y el equilibrio financiero de la Caja requiere un control estricto sobre la relación activo/pasivo”, advierte Cresto en los fundamentos del proyecto. Y la advertencia es clara: muchas contrataciones temporarias “son utilizadas de manera sostenida en el tiempo para cubrir necesidades permanentes de la administración”.
El diputado no se anda con vueltas: esta práctica “no solo vulnera derechos laborales elementales, sino que priva al sistema previsional de aportes genuinos en el presente, generando un severo desfinanciamiento”. Una denuncia que pone en evidencia lo que muchos sospechaban pero pocos se animaban a decir en voz alta.
El pedido de informes aparece en un momento especialmente delicado para la Caja de Jubilaciones entrerriana, que viene arrastrando problemas estructurales de financiamiento. Si efectivamente hay miles de trabajadores estatales que deberían estar aportando al sistema y no lo hacen, el agujero podría ser mucho más grande de lo que se imagina.
