¿Qué pasa cuando un gobierno recorta el presupuesto de Defensa pero al mismo tiempo le da más poder de inteligencia a los militares? La respuesta está en la Resolución 323/2026 que firmó Milei, una norma que devuelve capacidades de contrainteligencia a las Fuerzas Armadas y que tiene a los especialistas con los pelos de punta.
La movida se vendió como una “modernización necesaria” contra amenazas híbridas y ciberataques. Pero el problema no es lo que dice el papel, sino lo que habilita en la práctica. La reforma reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), lo fortalece y lo articula con la SIDE en un rediseño que concentra poder como hacía tiempo no se veía.
¿El detalle que incomoda? Esta reforma no llegó sola. Viene después del DNU 941/2025 que amplió las atribuciones de la SIDE, consolidó el carácter encubierto de las actividades de inteligencia y concentró poder presupuestario en estructuras de escaso control público. Una combinación que vuelve difusa la frontera entre defensa nacional y seguridad interior.
Pero acá viene lo más picante: mientras las Fuerzas Armadas perdieron $49.000 millones de presupuesto operativo que paralizó planes de reequipamiento, la SIDE se lleva $97.135 millones para 2026. Los gastos reservados representan el 17% del presupuesto total de la secretaría, con fondos secretos que rondarían los $13.436 millones sin rendición pública.
El Estado Mayor Conjunto —que ahora absorbe la centralización de contrainteligencia militar— registró un incremento real del 56,85% comparado con el año anterior. ¿Casualidad? Para nada. Todo esto convierte a Argentina en el “socio sistémico” más alineado con la seguridad estadounidense en el Cono Sur.
La paradoja es brutal: se recortan partidas operativas internas para cumplir metas fiscales, pero se financian con tecnología estadounidense las áreas de inteligencia y ciberdefensa. Un esquema que deja a los costos corrientes de mantenimiento en riesgo de quedar desfinanciados, mientras se prioriza la inteligencia por encima de todo.
Cuando las definiciones son amplias, los controles débiles y la supervisión parlamentaria insuficiente, la promesa de “prevención” se transforma rápidamente en discrecionalidad. Y en materia de inteligencia, la discrecionalidad nunca es neutra. La democracia argentina tardó décadas en construir la separación entre defensa y seguridad interior. Esta reforma la está dinamitando.
Con informacion de: Clarin.