La noche del 14 de mayo de 1977 quedó marcada a fuego en la memoria de Concepción del Uruguay. Era el cumpleaños de Mirta Bochatay y la familia se había reunido para celebrar. El asado chisporroteaba, las risas llenaban el patio de la casa de los Montesino. Hasta que llegaron ellos.
Efectivos de Gendarmería y del Ejército irrumpieron como una tormenta de violencia. Apagaron el asado con las bebidas de la mesa y se llevaron a todos: Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay y otros militantes del Partido Comunista que compartían esa celebración que se convirtió en pesadilla.
Casi cinco décadas después, la fiscal Minatta pidió 20 años de prisión para los exgendarmes Caserotto y Gómez del Junco, integrantes del Escuadrón 6 de Gendarmería de esa ciudad. Durante un alegato de más de dos horas, la representante del Ministerio Público sostuvo que ambos participaron de operativos represivos entre 1977 y 1978 que incluyeron secuestros, torturas y persecución política.
“Una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país”, afirmó Minatta al reclamar condenas de cumplimiento efectivo y en cárcel común. Caserotto se desempeñaba como jefe del Grupo de Inteligencia, mientras que Gómez del Junco estaba a cargo del área de Logística y Finanzas.
Pero hay algo que estremece más que cualquier detalle técnico del expediente: Gabriela y Daniel Montesino, de apenas 4 y 7 años, permanecieron encerrados en la vivienda durante días después del operativo. Una de las niñas fue amenazada con un arma mientras lloraba. “Las prácticas represivas perpetradas sobre las infancias fueron igualmente aterrorizantes”, sostuvo la fiscal.
Los detenidos fueron trasladados al Escuadrón 6 y luego a la Unidad Penal N°4, donde sufrieron golpes, amenazas, simulacros de fusilamiento y torturas físicas y psicológicas. El horror continuó en enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, donde Carlos Stur y Juan Echeverría fueron secuestrados y llevados a una vivienda clandestina.
Según la acusación, Stur identificó a Gómez del Junco aplicando picana eléctrica durante las sesiones de tortura. Los testimonios son escalofriantes, pero necesarios. “Los testimonios de las víctimas ocupan un lugar de privilegio porque son quienes estuvieron dentro del terror y sobrevivieron para contarlo“, concluyó la fiscal.
Además de las condenas, Minatta solicitó que el Escuadrón 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N°4, una vivienda utilizada durante los secuestros y el balneario Banco Pelay sean señalizados como sitios de memoria del terrorismo de Estado. Porque hay heridas que no se pueden cerrar hasta que la justicia no diga su palabra definitiva.
Con informacion de: Diario Junio.
