Un trabajador municipal tiene una orden judicial para volver a la planta permanente. La resolvió la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay.
El tribunal declaró la nulidad absoluta del Decreto DEM N° 213/2024, con el que la Municipalidad de Concordia había dejado sin efecto el pase a planta de un agente. La resolución ordenó su reincorporación y el pago de los haberes que dejó de percibir desde febrero de 2024.
El fallo no se quedó en el regreso: también fijó una actualización del 8% mensual más la tasa activa del Banco Nación hasta la efectiva reincorporación. Para los abogados Cielo Petit y Matías Llados, el punto clave es que el Ejecutivo municipal no podía revocar por sí solo un acto administrativo que ya había otorgado derechos y adquirido firmeza, aun cuando alegara supuestas irregularidades en su origen.
La Cámara sostuvo que, cuando la administración considera ilegítimo un acto de esas características, debe acudir a la Justicia mediante una acción de lesividad. No puede dejarlo sin efecto de manera unilateral. El artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos y la legislación vigente refuerzan esa idea. En ese marco, el decreto derogatorio presentaba graves vicios de competencia y objeto, al arrogarse atribuciones reservadas al Poder Judicial.
Si mirás el expediente, el caso abre una discusión más amplia sobre el empleo municipal. Según Cielo Petit, desde diciembre de 2023 la Municipalidad despide, en promedio, a más de 100 trabajadores cada seis meses e incorpora una cantidad similar de agentes. La abogada denunció que algunos desvinculados vuelven a ser contratados como monotributistas, fuera del sistema formal, y siguen realizando tareas para el municipio bajo otra modalidad, con pérdida de aportes previsionales y cobertura de obra social.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al Presupuesto municipal 2027. Petit sostuvo que la presentación muestra una reducción del gasto en personal al estimarlo en 43,64%, pero no considera dentro de ese porcentaje el 20,45% destinado a servicios no personales, donde se contabilizan las contrataciones de monotributistas. Al sumar ambos conceptos, el gasto alcanza el 64,09%, según su cálculo.
Para la abogada, esa modalidad no representa necesariamente una reducción del gasto municipal, sino un cambio en la forma de contratación. También advirtió que esa modalidad afecta los aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y a OSER. La discusión trasciende el expediente individual: toca la previsión, la obra social y la estabilidad laboral de cientos de personas.
La abogada contrastó la situación con los ocho años de la gestión municipal anterior, que mantuvo la planta estable mediante el congelamiento de ingresos, la cobertura de vacantes por concurso en áreas como Tránsito, Inspección General y Servicios Públicos, y el ingreso a planta de contratados con más de cuatro años de antigüedad y aportes. “Lamentablemente, esta gestión echó a la calle a cientos de trabajadores, los expulsó del sistema formal, pero no bajó el porcentaje de gastos en personal”, sostuvo. El municipio no dio su versión.
En relación con el fallo, la acumulación de haberes adeudados y los intereses fijados por la Cámara puede convertirse en una deuda millonaria para las arcas municipales. Los procesos contencioso-administrativos suelen ser prolongados, y recién comienzan a resolverse demandas iniciadas en 2024. La presión financiera no aparece como un efecto menor: se suma a un debate sobre la contratación pública.
La orden judicial devuelve a la discusión un principio básico: un acto administrativo firme no puede derribarse con un decreto si no se sigue el camino legal. En Concordia, el caso pone en el centro la relación entre planta permanente, monotributistas y gasto público. La pregunta queda sobre la mesa: ¿se está cambiando la forma de contratar sin resolver la estructura del empleo municipal?
