Maricel Molina, dirigente de UPCN, expuso este miércoles en el Senado una advertencia: la reforma de la Ley N° 11.280 no es una corrección técnica, sino “dar vuelta la regla”. La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Senadores analiza el proyecto de modificación del artículo 5°, que ya cuenta con media sanción de Diputados y fue impulsado por el Gobierno provincial.
La dirigente sostuvo que hoy la norma establece que salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario “no se concesionan nunca”. Para el sindicato, no se trata de servicios, sino de derechos y garantías constitucionales. En cambio, la modificación habilitaría la concesión de esas funciones, siempre que la titularidad, potestad de regulatoria y de fiscalización permanezcan “en cabeza del Estado”.
Molina advirtió: “Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho”. Explicó que, en la práctica, “Acá lo que estamos concesionando es la gestión”. Y remarcó que eso implicaría “concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos”.
El punto más sensible fue el plazo. Según la dirigente, “la concesión se daría a más de 25 años”. Cuestionó que delegar la gestión pública en un privado implique entregar una obligación del Estado. Y objetó que las concesiones puedan avanzar “sin que pase por la Legislatura”, con plazos de “24 años, 11 meses y 26 días” sin que la representación del pueblo tenga intervención.
La dirigente también preguntó “qué se quiere hacer con esa concesión de derechos constitucionalmente reconocidos”. Para ella, pensar una política pública exige un Estado inteligente, capaz de planificar a 25 años. Concesionar esa gestión a un privado, advirtió, sería delegar una obligación del Estado.
Molina consideró que “eficiencia y eficacia son discursos que se han usado históricamente para destruir los gobiernos, los estados y las instituciones públicas”. Por eso insistió en la diferencia entre servicios y derechos: sin esa distinción, la discusión técnica queda incompleta.
El debate quedó expuesto ante el Senado: la reforma de concesiones ya no es solo una discusión técnica, sino un cruce entre gestión pública, derechos de los trabajadores y alcance de la representación legislativa. Molina cerró con una exigencia: “Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas”.
