La arena silícea de Entre Ríos se volvió una pieza clave para la fractura hidráulica, y el dato que complica el debate es simple: la provincia cobra una guía de tránsito de $2.250 por tonelada, mientras el recurso se lleva sin compensación adicional.
El contexto de Vaca Muerta explica la magnitud: el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas determinó 30.170 millones de barriles recuperables, un 89% más que los 16.220 millones que proyectó en 2013 la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos.
El salto no es menor: la superficie prospectiva útil creció un 22% con zonas del sur de Mendoza y Río Negro; el espesor útil subió un 39%; y el petróleo extraíble en la roca aumentó un 54% por mejoras técnicas.
Cada etapa de fractura consume entre 200 y 250 toneladas, y cada pozo demanda entre 12.500 y 13.000 toneladas. En 2026, la provincia proveerá 8 millones de toneladas a la extracción, con una proyección que en 2030 rondaría los 10 millones.
La calidad del material entrerriano aparece como argumento central: tiene un 86% de cuarzo, grano redondeado y bien seleccionado, porque el río Paraná operó durante milenios como una planta de beneficio natural. Un estudio comparativo interno llevó a YPF y al resto de las petroleras a preferir esta arena frente a la de Neuquén, más barata pero de menor calidad.
La diferencia de calidad también pesa en los números: usar arena de Neuquén o Río Negro implicaría una pérdida no menor que el 20% de las reservas recuperables por pozo, según un estudio comparativo interno que llevó a YPF y al resto de las petroleras a preferir la entrerriana.
Cuando comenzó la explotación de Vaca Muerta, el sílice se traía desde Estados Unidos y su costo era sensiblemente superior al actual. Hoy, la arena entrerriana se posiciona como insumo estratégico, pero la provincia solo cobra la guía de tránsito de $2.250 por tonelada.
El costo no termina en el mineral. La guía de tránsito de $2.250 por tonelada equivale a unos USD 1,5 y no alcanza para compensar el desgaste de las rutas por donde circulan 685 camiones diarios. En 2030, esa cifra superaría los 1.000 camiones.
La capacidad actual de las plantas de lavado activas alcanza entre 6,5 y 7 millones de toneladas anuales, y la brecha con la demanda ya es visible este año. El escenario se amplía en 2027 y, sobre todo, en 2030, cuando el recurso entrerriano podría pasar de ser un insumo más a una verdadera llave económica.
