El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, salió al cruce de la Justicia entrerriana después de conocerse su imputación en una causa que investiga presuntas irregularidades en la administración municipal. Lo hizo con un descargo publicado en redes sociales y con una frase que condensa la bronca: “Protege y me persigue a mí”.
No es solo una queja política. Rossi, imputado en el legajo N.º 285.545, cargó contra el Poder Judicial y señaló nombres propios: Lauritto, Cáceres, Bahl y Estratta. Según su versión, la Justicia protege a esos dirigentes y funcionarios a los que vinculó con presuntos hechos de corrupción, y también mencionó contratos truchos, créditos truchos y compensaciones de ATER.
El descargo tiene un tono de descarnada bronca. Rossi recordó el final de su mandato en 2015 y cuestionó que, según su planteo, durante la gestión posterior no se investigaran situaciones que considera irregulares. Aseguró que dejó la Contaduría municipal a cargo de un empleado de carrera “de muchos años” y “de mucha honestidad”.
En ese relato, Rossi volvió a mencionar a Silvio Moreira, a quien describió como “el corrupto y ladrón del IOSPER”. Sostuvo que Moreira estuvo cuatro años en la Contaduría y que, según su versión, nunca fue llamado ni imputado, mientras ahora sí lo imputan a él. Es una acusación dura, pero todavía no es un hecho judicial: es una denuncia que Rossi plantea en su descargo.
La investigación judicial, en tanto, apunta a un punto concreto: la designación de Marcelo Félix Fernando Medina como contador municipal, dispuesta mediante el Decreto N.º 305 del 30 de septiembre de 2015. La hipótesis fiscal sostiene que Medina no habría reunido las condiciones profesionales exigidas para ese cargo. A Rossi se le atribuye el presunto nombramiento ilegal y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa también le atribuyen presuntos delitos vinculados con la supresión u ocultamiento de documentación pública y un posible fraude a la administración pública. Según la hipótesis fiscal, el 6 de diciembre de 2022 Rossi recibió personalmente expedientes del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que contenían actuaciones sobre posibles perjuicios económicos para el municipio. Esa documentación, según la investigación, luego no habría sido localizada.
Entre los antecedentes que figuran en la causa aparecen convenios tributarios con el local bailable Mora Disco Bar, la compra de una retroexcavadora y una contratación para la provisión de hormigón. Las investigaciones administrativas habían señalado posibles daños al patrimonio municipal en esas operaciones. Si te fijás en el detalle, no solo se discute un cargo: también aparece dinero público y documentación que, según la investigación, no se localizó.
El descargo de Rossi no se queda en la defensa personal. Acusó a la Justicia de querer “hacer callar” a él y al doctor Reggiardo, y de impedir que se denuncie “la corrupción que existe en Entre Ríos”. Esa frase no es menor: convierte la causa local en un choque entre un intendente imputado y un relato de persecución. Los otros dirigentes nombrados por Rossi no dieron su versión en el descargo.
La comparecencia de Rossi está fijada para el 30 de noviembre a las 11. Hasta entonces, la causa ya dejó dos frentes: una imputación con cargos concretos y un descargo que busca transformar la imputación en una denuncia contra la Justicia entrerriana. En Santa Elena, el debate no va a quedar en lo técnico: ya está en la política provincial.
