El número que duele no está en el gasto, sino en la caja: 8,67 billones de pesos para el presupuesto 2027 de Entre Ríos. Es la cifra que el gobierno de Frigerio llevó a la Legislatura y que, leída en frío, muestra una apuesta alta a la inflación y una dependencia todavía mayor del Estado nacional.
La hipótesis de inflación interanual de diciembre del 18,0% aparece, para parte del debate, como una apuesta arriesgada en un año electoral. El problema es que el gobierno provincial no puede despegarse del todo de las metas nacionales: si la inflación se le complica, la excusa está lista: no fue culpa nuestra.
El proyecto se entiende por tres capítulos: cuánto se va a gastar, de dónde sale la plata y si los parámetros económicos tienen chance de cumplirse. En ese recorrido, lo que más se señala es la ausencia de un plan de desarrollo claro, más allá de generalidades y compromisos de rigor. O sea: se presupuesta el gasto, pero no se explica con fuerza qué estrategia tiene la provincia para salir del estancamiento. ¿No te parece?
En números duros, el gasto total crecería un 23,8% respecto de 2026. El gasto corriente subiría 20%, mientras la inversión de capital, obra pública y equipamiento, aumentaría más del 77% y pasaría del 7,4% al 10,7% del presupuesto. Es un dato fuerte, pero todavía no alcanza para calmar la duda: ¿qué se va a construir con esa plata?
La prioridad se reparte en Educación, Cultura, Deporte, Salud, Desarrollo Humano y Seguridad, que juntos concentrarían el 57,3% de los recursos. Dentro del gasto total, el bloque de jubilaciones, educación, salud y seguridad explicaría el 51,9%, con 18,7% para jubilaciones, 16,2% para educación, 9,7% para salud y 7,2% para seguridad. Son números que pesan, pero también muestran un Estado que sigue sosteniendo el gasto social y de seguridad.
Ahí viene el capítulo que los analistas llaman ciencia ficción: de dónde sale el resto de la plata. Según el proyecto, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Fabián Boleas, el Estado nacional aportaría el 56% a través de impuestos coparticipados, el gobierno provincial el 18% con recursos propios, y el resto se resolvería con más deuda. Es decir: el plan no es solo gastar, es seguir pidiendo prestado.
La crítica más dura apunta a la relación con el gobierno nacional: se sostiene que no hay coparticipación como manda la ley, sino una presión para que las provincias voten lo que se propone. En ese relato, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff, tendría retenidos más de 20 billones de pesos coparticipables. No es un dato menor: convierte la discusión presupuestaria en un tablero político donde cada peso tiene precio.
El proyecto de presupuesto 2027 no es solo una tabla de números: es una foto de la provincia en un año electoral, con metas ajustadas al país, presión nacional y una deuda que vuelve a ser parte del plan. La pregunta que queda en el aire es si Entre Ríos puede sostener ese gasto sin un plan propio que no dependa de la buena voluntad del gobierno nacional.
