Otra textil cayó. Texilo ingresó en concurso preventivo tras reconocer un pasivo que supera los $2.572 millones, una cifra que habla por sí sola del estado en que quedó la empresa después de meses de presión financiera acumulada.
La firma no escondió las razones detrás del colapso: caída de la actividad, aumento sostenido de los costos operativos, sobreendeudamiento financiero y una deuda que se fue apilando con bancos, organismos públicos y proveedores. El combo clásico de una empresa que intentó aguantar demasiado tiempo sin oxígeno.
El concurso preventivo es el mecanismo legal que permite a una empresa negociar con sus acreedores antes de llegar a la quiebra definitiva. En teoría, es una salida ordenada. En la práctica, muchas veces es el último paso antes del cierre. Texilo apuesta a que no sea así, pero los números no son generosos: más de dos mil quinientos millones de pesos en pasivos no se licuan solos.
El sector textil viene golpeado desde hace tiempo. La apertura de importaciones, la retracción del consumo interno y el costo del financiamiento en pesos hicieron mella en empresas de todos los tamaños. Texilo no es un caso aislado: es parte de una tendencia que viene acelerándose en la industria nacional, donde cada vez más firmas recurren a la Justicia para intentar reordenar sus pasivos antes de que sea tarde.
Lo que sigue ahora es el proceso judicial: la empresa deberá presentar su propuesta de acuerdo a los acreedores, que tendrán que decidir si aceptan una quita, una espera o alguna combinación de ambas. El resultado de esa negociación definirá si Texilo puede seguir operando o si el concurso termina siendo el preludio de una liquidación.
