Cuando los canales institucionales no alcanzan, aparecen otros. ATE Seccional Concordia decidió dar un paso poco habitual: llevar su reclamo por los despidos municipales directamente a la Diócesis de Concordia, pidiendo que el Obispo interceda ante el intendente Francisco Azcué para reabrir el diálogo y revisar las desvinculaciones.
La carta, firmada por la secretaria general adjunta Paola Tortonese y el secretario general Pedro Antonio Pérez, fue presentada este lunes y describe una situación que el gremio califica como «angustiante» para las familias de los trabajadores que perdieron su fuente de ingresos. No se trata de empleados recién ingresados: según el sindicato, varios de los afectados cuentan con años de servicio dentro del municipio.
El argumento central de ATE no es solo laboral, sino social. «Detrás de cada trabajador o trabajadora existe una familia que depende de ese ingreso para acceder a derechos esenciales como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y una vida digna», señala el documento presentado ante el Obispado. La frase resume el núcleo del pedido: que la decisión del Ejecutivo municipal no se lea como un ajuste administrativo, sino como un golpe concreto a familias concretas.
La apelación a la Iglesia no es casual. En ciudades del interior como Concordia, el Obispado conserva un peso institucional real, capaz de abrir puertas que la presión sindical directa no siempre logra. ATE lo sabe y lo usa: en la carta invoca los «valores de la solidaridad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas» para pedir que el Obispo propicie una instancia de diálogo entre los trabajadores afectados y el Departamento Ejecutivo Municipal.
El intendente Azcué no dio su versión pública sobre los despidos ni respondió al planteo del gremio hasta el momento de esta publicación. Tampoco el Obispado confirmó si recibirá formalmente la carta ni qué pasos seguirá. El gremio aguarda esa respuesta y la posibilidad de que se habilite alguna instancia de negociación. Por ahora, los trabajadores desvinculados siguen sin reincorporación y el conflicto permanece abierto.
