Mientras el oficialismo entrerriano empuja una reforma previsional que endurece las condiciones para acceder a la jubilación, uno de sus propios senadores ya tiene el trámite en marcha. El dato no pasó desapercibido.
Según documentación dada a conocer por sectores opositores, el senador Rubén Alberto Dal Molín, de Juntos por Entre Ríos, inició el 25 de junio de 2026 un trámite de Jubilación Ordinaria Común. El expediente, fechado el 1 de julio, figura radicado en el área Concordia de la Caja de Jubilaciones. Todo esto, en simultáneo con el tratamiento legislativo de una reforma que el propio bloque de Dal Molín defiende como necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema.
La contradicción no tardó en generar reacciones. Uno de los primeros en pronunciarse fue el concejal de Concepción del Uruguay y abogado Juan Martín Garay, quien planteó el cuestionamiento desde el plano político y ético, aunque aclaró que no discute el derecho legal del senador a iniciar su jubilación bajo las normas vigentes.
«Durante semanas el oficialismo explicó que la Caja atraviesa una situación crítica y que es necesario modificar el sistema para garantizar su sustentabilidad. Sin embargo, uno de los principales defensores de esa reforma elige acceder al régimen vigente antes de quedar alcanzado por las reglas que considera necesarias para los demás», expresó Garay.
El argumento del concejal apunta al núcleo del problema: si el nuevo sistema es más justo y más sostenible, como sostiene el oficialismo, ¿por qué uno de sus impulsores se apura a quedar fuera de él? «Quien está convencido de que un nuevo sistema es más justo debería ser el primero en asumirlo. No el primero en evitarlo», afirmó.
Garay también señaló que la función pública impone obligaciones que van más allá del cumplimiento estricto de la ley. «Quien ocupa una banca legislativa no administra únicamente un voto. Administra confianza», sostuvo, y remarcó que resulta difícil pedir sacrificios cuando uno procura quedar al margen de ellos.
Por el momento, Dal Molín no dio su versión sobre el cuestionamiento. La polémica llega en un momento sensible para la reforma: el oficialismo necesita sostener la narrativa de que los cambios son inevitables y urgentes, y este episodio le complica ese relato justo cuando más necesita autoridad moral para cerrarlo.
