El peronismo entrerriano vivió una jornada de escándalo y división en su Congreso partidario. Enrique Rossi, dirigente de La Paz, fue expulsado junto a su asesor legal Carlos Guillermo Reggiardo en una sesión que terminó a los gritos y con serias irregularidades procedimentales.
La conducción encabezada por el diputado nacional Guillermo Michel, la intendenta de Paraná Rosario Romero y el senador nacional Adán Bahl llevó adelante las expulsiones en una maniobra que generó fuertes cuestionamientos. El Congreso arrancó con el número justo de congresales para sesionar, pero perdió quórum cuando varios representantes se retiraron en protesta por el tratamiento irregular de las sanciones.
¿Qué hicieron entonces? Siguieron votando igual. A Rossi no le permitieron defenderse cuando pidió la palabra, tampoco dejaron intervenir a otros congresales que cuestionaban el procedimiento. La sesión se convirtió en un ring de boxeo político con gritos, discusiones y cruces que expusieron las profundas grietas internas del justicialismo provincial.
Los sectores críticos no dudaron en calificar las expulsiones como “nulas” por haber sido votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario. Pero hay algo más picante en esta historia: sostienen que el verdadero motivo de las sanciones fue “castigar a dos dirigentes que vienen denunciando hechos de corrupción” dentro del propio peronismo entrerriano.
La jugada de la conducción partidaria parece clara: silenciar voces incómodas que vienen señalando irregularidades internas. Pero el tiro les salió por la culata. Lejos de resolver el conflicto, lo profundizaron y dejaron en evidencia que en el PJ entrerriano hay sectores dispuestos a todo para mantener el control, incluso pisoteando sus propios estatutos y procedimientos democráticos.
