¿Cuánto tiempo puede estar cajoneado un expediente sobre derechos humanos en el Concejo Deliberante de Concordia? La respuesta es demoledora: ocho meses y contando. Mientras tanto, los organismos de la memoria perdieron la paciencia y decidieron actuar por cuenta propia.
La historia es tan simple como indignante. Un proyecto para reinstalar la señalización de un sitio donde funcionó un centro clandestino durante la dictadura lleva desde octubre del año pasado esperando que alguien se digne a darle tratamiento. Ni despacho de comisión, ni orden del día, ni explicaciones. El silencio como única respuesta.
Lo que más duele es el contraste. Mientras este expediente junta polvo, el cuerpo deliberativo aprueba con velocidad de rayo los proyectos que llegan desde el Departamento Ejecutivo. Algunos hasta se votan en los cuartos intermedios, como si fuera una urgencia nacional. Pero la memoria, al parecer, puede esperar.
Eduardo “Chiche” Maschio, ex director de Derechos Humanos de la municipalidad, no se anda con vueltas: “Estamos en la espera pero no pasó absolutamente nada”. El hombre explica que tenían una autorización de la gestión anterior de Alfredo Francolini, pero quisieron ser respetuosos con la nueva administración. Error de cálculo.
“Quisimos mostrar un gesto de respeto hacia esta gestión. No sé si no lo aceptaron o lo ignoraron”, dice Maschio con esa mezcla de decepción y bronca que da la burocracia cuando se mete con temas sensibles. Lo único que llegó a sus oídos fueron opiniones de concejales oficialistas que “no se mostraban muy de acuerdo”. Sin fundamentos, sin argumentos, solo resistencia silenciosa.
Ante tanta demora, los organismos de derechos humanos tomaron una decisión que habla de su hartazgo: hace dos semanas comenzaron la construcción de los pilares para reinstalar el cartel por cuenta propia. No necesitan autorización municipal porque el cartel original se colocó en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.691, que es terminante al respecto.
La norma declara “Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado” a los lugares que funcionaron como centros clandestinos y establece que debe disponerse “una marca que lo determine como Sitios acompañada de una leyenda alusiva de repudio”. No hay grises, no hay interpretaciones. La ley es clara como el agua.
Maschio recuerda que hasta la Subsecretaría de Derechos Humanos nacional les recordó que debían cumplir con la normativa. “Ese cartel fue colocado mediante ley. El cartel tiene que estar ahí”, reafirma con la contundencia que da tener la razón de su lado.
Como la Subsecretaría tiene problemas presupuestarios, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos de Concordia decidió financiar la reinstalación con recursos propios, a través de una colecta. Para agosto, el cartel debería estar en su lugar, ubicado a altura considerable para evitar vandalizaciones.
La situación desnuda una realidad que duele: mientras los homenajes y las iniciativas del Ejecutivo vuelan por el Concejo, los temas de Memoria, Verdad y Justicia quedan relegados a la buena voluntad política. Una demora de ocho meses para algo que debería ser prioritario habla más de las verdaderas convicciones de quienes administran la ciudad que cualquier discurso grandilocuente.
