Salvarse por un voto no es lo mismo que quedar limpio. El fiscal Aramberry sobrevivió al Jurado de Enjuiciamiento con un ajustado 4 a 3, pero la resolución no cerró nada: abrió un expediente de sospechas que ahora convive, paradójicamente, con una campaña para reposicionarlo como la gran figura anticorrupción de la provincia.
El centro de la tormenta es la llamada “Causa de los Contratos”, la megacausa por el desvío de miles de millones de pesos en la Legislatura provincial. Allí, según las acusaciones más severas del expediente disciplinario, Aramberry habría actuado con pasividad sistemática frente a irregularidades vinculadas a la destituida —y luego restituida por cuestiones formales— procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. La línea más llamativa: de los allanamientos al estudio contable Integral Asesoría surgieron evidencias que vinculaban a Pedro Opromolla con Sebastián Orlando Bertozzi, cónyuge de Goyeneche. El fiscal nunca imputó a Bertozzi, nunca lo citó como testigo, nunca ordenó allanar el domicilio de Opromolla ni secuestrar su teléfono cuando este no estaba presente en los procedimientos.
El voto minoritario de los vocales Germán Carlomagno, Claudia Mizawak y Leonardo Portela fue contundente: esas omisiones no son simples desaciertos procesales, sino conductas que comprometieron la búsqueda de la verdad y pusieron en riesgo la integridad de la prueba. Para la minoría, hubo probable mal desempeño. La vocal Mizawak subrayó que Aramberry no ofreció ninguna explicación satisfactoria sobre por qué ignoró la pista de Bertozzi y Opromolla: se limitó a decir que no tenía “trato frecuente” con la familia de Goyeneche, sin responder por qué no actuó frente a la prueba documental incautada en los servidores.
Pero hay algo más grave. La denuncia también señala que Aramberry habría incurrido en falso testimonio durante el jury contra Goyeneche. Bajo juramento, afirmó que el testigo Mario Deiloff había comparecido sin su teléfono celular, dato que usó para justificar un allanamiento posterior. Las videograbaciones de las entrevistas lo desmintieron: Deiloff exhibió su teléfono en dos oportunidades ante los instructores. La mayoría del jurado —integrada por los legisladores peronistas Daniel Olano y Silvia Moreno, y los representantes del Colegio de Abogados Luis Leissa y María Fernanda Miotti— consideró que sancionar el falso testimonio requiere condena penal previa. Argumento formal. La discrepancia entre los dichos del fiscal y los registros fílmicos, en cambio, no tiene vuelta atrás. Y el Ministerio Público Fiscal a cargo del procurador Jorge Amilcar Luciano García nunca abrió una investigación interna al respecto.
Que la mayoría que salvó a Aramberry esté integrada por legisladores y representantes corporativos no es un dato menor: es el corazón del problema. Un fallo corporativo que preserva a un funcionario cuestionado, seguido de una campaña mediática para rehabilitar su imagen, es la receta perfecta para que la impunidad se vista de normalidad institucional. Las tres voces de la minoría dijeron lo que el expediente muestra: hubo omisiones, hubo contradicciones, hubo una investigación que miró para otro lado cuando la pista llegaba demasiado cerca del poder. Eso no desaparece con un archivo.
